Los concejales econacionalistas Marisol Fernández y Antoni Verger en su comparecencia de ayer.

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El grupo municipal PSM-IV-ExM acusó ayer al alcalde de Palma, Mateo Isern, de «inflar las cifras de ejecución del Plan de Rehabilitación Integral de 'Corea' para favorecer intereses especulativos de la iniciativa privada». Los econacionalistas afirman que si Cort renuncia ahora al proyecto de reforma que ya está en marcha «proseguirá la degradación de la zona al quebrarse el proceso de cohesión social largamente trabajado».

Los regidores Antoni Verger y Marisol Fernández comparecieron ayer en conferencia de prensa en el Ajuntament para manifestar que la coalición «exige la continuidad de la rehabilitación integral de 'Corea' por su importante razón y ejemplo de integración social, no solo para el barrio del Camp Redó sino para toda Palma».

Verger reclamó del alcalde Isern «que deje de mentir inflando las cifras del coste de la rehabilitación de 'Corea', que un día considera por su cuenta y riesgo que son 30 millones, otro día 50 y ahora parece que se acercarían a 70, lo que más que poco serio es un puro dislate que parece dedicado únicamente a dejar que se pudra la situación de la zona para rechazar lo andado y dar paso a la especulación urbanística».

Baile de cifras

En ese sentido, Verger afirmó que desde que en 2005 la Corporación presidida por Catalina Cirer se planteó el derribo de 'Corea', «las únicas propuestas reales que llegaron al Ajuntament fueron o bien triplicar la edificabilidad de la zona renovada o permutarla por nuevas condiciones del Plan General de Palma en catorce calles de otros pubntos de la ciudad».

El regidor econacionalista recordó que las cifras con las que abordó el anterior equipo municipal de gobierno la rehabilitación integral de Corea, «tras cuatro años de intenso trabajo, eran de 23 millones de coste total, «de los cuales Cort solo debía desembolsar 10 en un periodo de entre 8 y 10 años».

Verger acusó también al alcalde de mentir «cuando dice que la rehabilitación integral del bloque XII, ya adjudicada, supone 2,4 millones de euros, mientras la realidad es que cuesta 1,2».

Para Verger y Fernández, «abandonar el proyecto es renunciar a los 6,5 millones de euros ya gastados en la adquisición y rehabilitación de viviendas, y a los 8 comprometidos con el Gobierno y la Unión Europea».