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El portavoz municipal, Julio Martínez, ha anunciado hoy que el Ajuntament de Palma se personará en los tribunales en el recurso contencioso-administrativo planteado por Núñez y Navarro, para reclamarle a la constructora el pago de 6 millones en cuotas de urbanización pendientes de pago.

Martínez ha explicado en una rueda de prensa que la junta de gobierno del Ajuntament ha acordado hoy personarse en esta causa judicial planteada por Núñez y Navarro, porque el impago por parte de la constructora está generando problemas de tesorería al consistorio que tiene que adelantar los pagos.

La deuda es por el impago de la cuota que le corresponde a la constructora como propietaria de terrenos dentro del proyecto de la Fachada Marítima, donde el Ajuntament ha acometido una «unidad de actuación urbanística» para dotar la zona de servicios y posteriormente ha repercutido su coste en quienes tienen derechos urbanísticos allí.

Martínez ha explicado que Núñez y Navarro ha recurrido dicha cuota de urbanización, primero ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal que denegó el recurso, una decisión ante la cual la constructora ha planteado un recurso contencioso-administrativo en los Juzgados.

Hoy Cort ha decidido personarse en esta causa para reclamar el pago de los casi 6 millones.

El teniente de alcalde d'Economia i Hisenda de Palma ha achacado el conflicto con Núñez y Navarro ante los tribunales a las «decisiones del anterior gobierno» municipal sobre la Fachada Marítima y se ha preguntado qué otros problemas económicos generará.

«A este paso será la zona verde más cara del mundo por metro cuadrado», ha augurado.

La junta de gobierno municipal ha aprobado también hoy varias rectificaciones técnicas que permitirán a un centenar de familias recibir ayudas para libros de texto que en principio se les habían denegado por distintos errores. La decisión afecta en concreto a 99 familias y supone la concesión de 7.100 euros en ayudas para libros.

Martínez ha informado también de que la junta de gobierno ha ratificado hoy la decisión del ejecutivo municipal anunciada ayer de cancelar subvenciones en materia de cooperación internacional por 940.000 euros.

La concejal de Bienestar Social, Sandra Fernández, ha justificado la decisión en la difícil situación económica que afronta el Ayuntamiento tras «una mala gestión del presupuesto y algunas decisiones del anterior equipo de gobierno».

Parte de esa cuantía se destinará a sustituir 440.000 euros que el anterior gobierno gastó de la partida de ayudas económicas urgentes en subvenciones de interés general. Según Fernández, la medida es legal pero la ha calificado de incomprensible «cuando las ayudas urgentes son lo más prioritario» en situación de crisis.

Otros 250.000 euros se destinarán a pagar la contratación del personal que gestiona el pago de las prestaciones básicas y de personal del área de inmigración que no estaban presupuestadas.

«No ha sido una decisión fácil porque la ayuda en cooperación es muy importante porque son países también afectados por la crisis económica, pero dentro de las prioridades estaban éstas», ha dicho Fernández.

La concejal ha señalado que la intención del área de Benestar Social i Participació Ciudadana es «estudiar todas las subvenciones que se están dando para poder racionalizarlas y optimizarlas».

La junta de Gobierno ha aprobado también el final de las obras de limpieza del solar tras el derribo del edificio Flex y los pliegos de la próxima Cabalgata de Reyes.