Los fiscales anticorrupción Horrach y Subirán. | Nuria Rincón

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El Ajuntament de Palma está estudiando la posibilidad de personarse en calidad de acusación particular en la denominada 'operación Ossifar', en la que los fiscales anticorrupción Pedro Horrach, Miguel Àngel Subirán y la Guardia Civil investigan un supuesto desvío de 1,2 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados a través de la empresa pública de limpieza Emaya.

En ese contexto, Cort se plantea ejercer la acusación con el objetivo de proteger sus intereses económicos, que considera pejudicados tras conocerse el alcance del supuesto desvío de fondos públicos, según las fuentes consultadas por este diario.

Actuación

El equipo de gobierno municipal dirigido por el PP actuaría, en ese caso, como lo hicieron los socialistas del Pacte al personarse como acusación en el 'caso Ópera', una pieza separada del 'caso Palma Arena' que instruye el juez José Castro.

La 'operación Ossifar' estalló el 18 de agosto con la detención del exjefe del área de Medi Ambient de Emaya Germán Chacártegui, imputado por los delitos de fraude y exacción ilegal, y del empresario J.P., administrador único de una empresa proveedora de recursos de medio ambiente de Emaya. Chacártegui quedó en libertad con cargos el sábado, y J.P. el viernes por la tarde. También fue detenida la ex 'número dos' de Emaya y exgerente de ese organismo Malén Tortella, que fue puesta en libertad tras declarar en la Guardia Civil asesorada por su abogado Gregorio Sanjosé.

Las investigaciones se iniciaron en enero de este año, tras una denuncia presentada por los responsable de Emaya ante la Fiscalía de Balears, entre ellos la expresidenta de ese organismo Cristina Cerdó, por determinadas irregularidades detectadas en el área de medio ambiente de la empresa municipal.

Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron ayer que no está prevista ninguna detención más en esta nueva causa de posible corrupción, y que todas las actuaciones que se produzcan vendrán determinadas por el juez instructor. Está previsto que en las próximas semanas sean citados a declarar imputados y testigos sobre el supuesto desvío de 1,2 millones de euros en la compra de contenedores subterráneos.