El Govern tiene una deuda de 31 millones en materia de carreteras. | T. Ayuga

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El Govern echó ayer mano de una sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona la anulación por el Ministerio de Fomento de los convenios de carreteras firmados cuando Matas era president y reclamó al Gobierno central, concretamente al departamento de dirige José Blanco, 333 millones que se adelantaron para esas infraestructuras.


El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, explicó que el Supremo dictó una sentencia el pasado 8 de marzo que hace que los convenios de colaboración en materia de carreteras de 1998 y 2004 estén vigentes y se mantengan los compromisos adquiridos por el Gobierno y el Govern en los mismos.


Expropiaciones


El conseller consideró que el Govern tiene derecho a reclamar al Gobierno central los 333 millones de euros de distintos proyectos viarios incluidos en dichos convenios, cuyo pago tuvo que asumir cuando una orden ministerial declaró nulos los acuerdos, y ha anunciado que «dará los pasos» para llevarlo a cabo.


«Haremos lo posible para que la comunidad autónoma pueda recuperar esta partida, ya sea con este Gobierno o con el que venga, porque estamos hablando de mucho dinero, que en el momento que vivimos sería muy bien venido», dijo Gornés.


El primer paso que dará el Govern será nombrar a sus representantes en la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control, para ponerse a «negociar». La sentencia del Supremo confirma que es el órgano pertinente para resolver las controversias en el cumplimiento y aplicación de los convenios.


Gornés recordó que los convenios de colaboración en carreteras entre el Gobierno y el Govern se firmaron en enero de 1998 y marzo de 2004, y una orden ministerial de 2005, dictada por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, los resolvió y «dejó en el aire 333 millones de euros» porque el Govern de Matas había iniciado las obras sin respetar plazos y sin contar con su supervisión.


El conseller también denunció que el anterior Ejecutivo tenía pendiente el pago de 31 millones por expropiaciones de carreteras.


El PSIB reaccionó ayer mismo. Según este partido, los 'populares' han abierto una nueva batalla política dentro de «su campaña de excusas para no hacer nada». En opinión del PSIB, «debería ser el PP quien dé explicaciones de cómo gestionó la construcción de carreteras durante su mandato, poniendo en peligro las inversiones».
Sobre las expropiaciones, el PSIB recordó que El Govern socialista puso en marcha los pagos por las

expropiaciones en las que se había llegado a un acuerdo y las expropiaciones en vías de resolución judicial quedaron pendientes