El que fuera contable del conglomerado de empresas Trapsayates, que está siendo investigado en el marco del caso Mar Blau por haber resultado favorecida de forma presuntamente irregular en dos concursos para la explotación de amarres en Maó e Ibiza, ha reafirmado que el propietario de Trapsa Gerardo Díaz Ferrán percibió un pago de 140.000 euros en negro procedentes de la contabilidad 'en B' de este grupo.
Así lo ha puesto de manifiesto Miguel V. durante la declaración que ha efectuado en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha manifestado que aproximadamento un 5 por ciento de las cuentas de Trapsayates correspondía, desde que él llegó a esta sociedad en el año 2000, a cobros y pagos no declarados, según han informado fuentes jurídicas.
De este modo, el excontable se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado mes de diciembre en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, después de que durante un registro en su vivienda fuese hallada documentación relacionada con esta contabilidad opaca al fisco.
El testigo ha puesto de manifiesto que esta práctica le fue ordenada por el consejero delegado José Manuel Domínguez, imputado en esta causa de presunta corrupción y quien también le dijo que preparase los 140.000 euros para que pudieran ser entregados a Díaz Ferrán, ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Sin embargo, este extremo fue negado por éste en su declaración como encausado, en la que rechazó que Trapsa haya tenido contabilidad en negro y que Domínguez le llevase a Madrid 140.000 euros en efectivo.
Mientras tanto, en el marco de este mismo caso aunque dentro de una ramificación que se encuentra bajo secreto, este miércoles quedaron en libertad el director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Angel Matías, y el ingeniero y ex funcionario del organismo público, Justo Aguado, tras ser detenidos el pasado martes. En concreto, sobre ellos pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, según informaron fuentes de la investigación.
Ambos fueron arrestados el martes en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, cuyas pesquisas se centran en el supuesto amaño de concursos para la adjudicación de la explotación de amarres en los puertos de Mahón e Ibiza Nueva en favor de Trapsayates, vinculada a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. No obstante, dentro de esta nueva pieza se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.
Junto a Matías, defendido por José Zaforteza, y Aguado, asistido por Carlos Barceló, también fue detenido en esta operación el empresario J.L.C.E., quien el mismo martes fue puesto en libertad con cargos.
Durante esa jornada se llevaron a cabo tres registros por orden del magistrado instructor del caso, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.
Aguado, funcionario ya jubilado de la APB y quien fue detenido en el aeropuerto de Son Sant Joan procedente de Ibiza, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates.
El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver --perteneciente a Trapsa-- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa --si renunciaba a la concesión-- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.
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