En concreto, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, este martes han sido emplazados a declarar el promotor audiovisual y administrador de Ona Digital, Miguel Brunet, y las empresarias Magdalena Jaume, Catalina Sampol y Mercedes Estarellas.
Mientras tanto, un día después comparecerán el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el jueves la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y el propio Forcades.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 acordó citarles después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta al margen de los procedimientos de contratación.
Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, los investigadores apuntan a que mediante la anterior fórmula habría percibido numerosos contratos menores a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información, aspecto que Forcades, defendido por Gabriel Garcías, negó al ser interrogado en dependencias de la Policía Nacional.
Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.
Las investigaciones revelan que era «práctica habitual» de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.
Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.
4 comentarios
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SI ESTO NOS OCURRIERA A CUALQUIER CIUDADANO DE A PIE, YA ESTARIAMOS EN EL HOTEL DE LA CARRETERA DE SOLLER.PERO CLARO COMO PRESUNTAMENTE SON DE GUANTES BLANCOS Y QUE APARENTAR Y DISTRAER A LA GENTE CON MAS MORBO.QUE GANAS DE GASTAR PAPELES Y DINERO DE TODOS NOSOTROS.MAS DE LO MISMO.
No creen que ya esta bien de tanto interrogatorio, haber cuando ponen sentencias de una vez y encierran a tantos corruptos que andan sueltos, los ciudadanos tambien nos merecemos, una satisfacción de tanto en cuando, de ver que los politicos y sus ecuaces, tambien los encierran, cuando hacen las cosas mal
EL FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS era el ideal del PP balear que huía de esta forma de los concursos de publicidad.El IBATUR, desde antes que fiscales y jueces lo pusieran en el punto de mira de la justicia, ya tenía merecida fama de SA REPARTIDORA AMIGA, que solamente favorecía a los empresarios de su misma cuerda, o sea, de la DERECHA DIESTRA. Antes de que se llamara Turismo, en el año 1903, Bartolomé Amengual Andreu (1866-1961) natural de Felanitx, tierra de sabios emprendedores, catedráticos, profesores, pintores universales, ya escribiera, como si fuera el Julio Verne mallorquín: "La Industria de los Forasteros, lejos de ser materia pecaminosa, constituye uno de los negocios más lícitos y honestos que puedan darse en el vastísimo campo de las especulaciones". SI EL NEGOCIO HA SIDO LÍCITO Y HONESTO PRONTO LO SABREMOS.
la unica forma que la clase politica, que tiene de todo menos clase, escarmiente es que se aplique con rigor la ley, se hagan publicos en los medios habituales los nombres de los defraudadores para escarnio publico, amen de devolver lo que no era suyo y apechugar con la pena civil/penal que el juez estime.