caso Voltor-Inestur

Nadal atribuye a Antich la decisión de instalar cámaras y defiende de su tramitación

| Palma |

Valorar:

El ex conseller de Turisme del Govern balear, Miquel Nadal, ha atribuido al presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, Francesc Antich, y a los representantes hoteleros la decisión de instalar cámaras en las playas de Mallorca tras los atentados que ETA perpetró en 2009 en Palmanova, al tiempo que ha defendido la tramitación por la que fue adjudicada su colocación, llevada a cabo por el responsable informático del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Carlos Martínez, a pesar de estar contratado en esta empresa pública.

Durante su declaración como imputado ante la jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, Nadal ha recordado que tras los atentados así como debido a la incidencia de la gripe A, Antich decidió reunir en un gabinete de crisis a los principales responsables hoteleros, quienes le trasladaron su preocupación por la incidencia que esta situación tendría en el turismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Pagos irregulares de 70.000 euros

No obstante, Martínez ya recordó, en la declaración que prestó como encausado ante la magistrada, que Nadal estaba interesado en la instalación «en tan sólo una semana» de cámaras en las playas por seguridad tras los atentados, plazo de tiempo que motivó que ninguna empresa se ofreciese para ello. Sólo una vendió los equipos, que compró Martínez para él mismo instalarlos, tras lo cual el Inestur le refacturó la cantidad abonada (5.846 euros).

En concreto, el también ex presidente de UM ha comparecido dentro de la pieza número 5 del 'caso Voltor', que investiga si el Inestur abonó de forma presuntamente irregular unos 70.000 euros a su coordinador de Informática a través de dos sociedades que éste habría creado expresamente para ello y pese a estar contratado a su vez en la empresa pública. Unos ingresos -62.000 euros más IVA- que percibió entre 2007 y 2009 mediante sus empresas Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic, según las pesquisas.

Antoni Oliver propuso a Martínez

En su comparecencia, el imputado ha manifestado que tras la reunión del gabinete de crisis le fue trasladada la propuesta, que a su vez él comunicó a su jefa de gabinete, hasta que finalmente el acuerdo llegó a manos del informático, quien buscó a empresas que pudieran encargarse de la instalación. Sin embargo, éste se encontró con dificultades para hallar a una que en un breve plazo se ofreciera a colocar las web-cam, lo que se lo expuso al entonces gerente del Inestur, Antoni Oliver -también imputado-.

Fue así como, ha apuntado Nadal, Oliver propuso a Martínez instalarlas él mismo. Las colocó en un total de cinco playas y por ello contó 1.620 euros por el material informático, mientras que el resto lo percibió por el mantenimiento a través de sus dos empresas, tal y como ha relatado el ex consejero.

De hecho, el propio Oliver, quien también ha declarado este martes ante la jueza, ha defendido que el trabajo por el que cobró el informático se llevó a cabo y ha recalcado que en aquel momento no había otra persona que pudiera hacerlo. Es más, el encausado, defendido por el letrado Miquel Albertí, ha recordado que nadie les advirtió de ninguna incompatibilidad y sólo hacia finales de 2009 una jurista del Inestur le indicó que ya no podría cobrar del Inestur estos servicios por «estética».

Cabe recordar que el propio Martínez justificó ante la jueza que había creado ambas sociedades para poder cobrar este dinero (los aproximadamente 70.000 euros) como compensación de las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, si bien precisó que todo ello se produjo a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública. Así, el encausado aportó numerosas facturas de los trabajos que le fueron encargados desde el Inestur y explicó de forma pormenorizada cada uno de los servicios que prestó.

Llompart defiende la cuenta de Banif

Por otro lado, también durante esta jornada han tenido lugar varias declaraciones por la pieza número 3 del caso, relativa a la transferencia presuntamente irregular de 1,2 millones de euros públicos que la empresa pública efectuó en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banif. Entre quienes han sido interrogados, el ex responsable económico del Inestur, Alvaro Llompart, ha defendido que esta cuenta fue abierta a fin de obtener rentabilidad.

Durante su deposición, el también ex contable de UM, asistido por el letrado Fernando Mateas, ha justificado que debido a que la empresa ya tenía fuera del convenio marco una cuenta abierta en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la que operaban 14 millones de euros anuales, no vio ningún inconveniente en que también tuvieran otra en Banif.

Las investigaciones apuntan a que la cuenta fue abierta por Buils, quien habría efectuado dos transferencias por un total de 1,2 millones pese a contar con un informe jurídico desfavorable ya que no se podían depositar en un banco distinto al designado oficialmente para la Consejería.

Además, en un oficio policial incluido en el sumario del caso, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional asevera que «llama poderosamente la atención» el hecho de que los intereses a percibir en la cuenta de Banif fuesen nulos, pese a la cantidad ingresada, de lo que se deduce que «no obedece a los intereses del Inestur en cuanto a la obtención de una alta rentabilidad». De hecho, el capital invertido no llegó a producir rentabilidad alguna.

Se da la circunstancia de que la magistrada ya había finalizado la instrucción de esta pieza como paso previo a su transformación a procedimiento abreviado, aunque finalmente fue acordada la práctica de nuevas diligencias complementarias. A nivel global, el caso Voltor investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos a través del Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.

Comentar

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.