Joana Barceló protagonizó su penúltima comparecencia como portavoz del Govern.

TW
2

«Lo cierto es que hay problemas de tesorería», admitió ayer la portavoz del Govern, Joana Barceló, en relación con las diferentes denuncias de impago de deudas pendientes realizadas por proveedores de la Administración autonómica. En relación con esta cuestión, la titular de la Conselleria de Treball i Turisme quiso precisar que «los compromisos de pago están ligados a la disponibilidad presupuestaria, por tanto su abono está asegurado».

De todos modos, Barceló, que compareció al finalizar el penúltimo Consell de Govern que presidió Francesc Antich en la presente legislatura, reconoció que «estamos cerrando operaciones de endeudamiento a corto plazo para resolver los actuales problemas de liquidez, una negociación que se está realizando desde la Conselleria d'Economia con diversas entidades financieras que esperamos que quede cerrada en cuestión de días».

Desde la Conselleria d'Economia no se quiso precisar el importe de los créditos que se han solicitado ni las condiciones en las que se está negociando.

Barceló quiso ser contundente cuando se cuestionó la posibilidad de que la falta de liquidez pudiera afectar el pago de las nóminas de los trabajadores del Govern. «Sin duda, las nóminas están garantizadas», aseguró la portavoz. En relación con este tema, la portavoz gubernamental insistió en que las garantías de abono de salarios a los empleados públicos «también incluye el pago de las pagas extraordinarias».

Respecto al anuncio del Partido Popular de que pretende realizar una auditoría de todas las cuentas autonómicas, Joana Barceló comentó que «no hay ningún problema, es una práctica habitual y no habrá ninguna sopresa».

Tras recordar que trimestralmente, en cumplimiento de la Ley de Finanzas, todos los datos se remiten al Parlament y que ya se realizan auditorías internas «a cargo de empresas independientes», Joana Barceló puso especial énfasis en puntualizar que «todos los datos financieros se han dado». De este modo el Govern salía al paso de las declaraciones del presidente electo, el conservador José Ramón Bauzá, en las que sugería que la realidad económica de Balears sería peor de lo informado hasta ahora por sus responsables en el Govern.