Francisco Marín, el consejero delegado de Aqua Mágica, Guillem Alomar, y Jesús Sánchez.

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Los propietarios de Ses Fontanelles y promotores del complejo Aqua Mágica presentaron ayer un contencioso administrativo contra el Govern, solicitando una indemnización de 215 millones de euros por la suspensión indefinida de sus licencias de urbanismo, según anunció ayer en rueda de prensa el consejero delegado del Parque Aqua Mágica, Guillem Alomar.

Tras criticar la actitud del presidente del Govern, Francesc Antich, y de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, «porque llevo año y medio intentando poder entrevistarme con ellos y no me han dado ningún tipo de respuesta», Alomar, que compareció acompañado por el presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma, Francisco Marín, y del gerente de la Asociación de Empresarios de Actividades Turísticas de la Platja de Palma, Jesús Sánchez, puntualizó que presentaban la demanda «dentro del plazo de un año desde que ha transcurrido el tiempo máximo de suspensión previsto en la legislación de ordenación territorial y urbanística, que es de tres años».

Daños

Alomar puntualizó, en relación con el coste de la demanda presentada, que «los daños ocasionados por la suspensión indefinida son efectivos, evaluables económicamente, individualizados y antijurídicos. Ha habido un lucro cesante, una merma financiera y pérdida de valor del suelo, que suman en su conjunto 215.123.951 euros».

A todo esto, señaló que los propietarios de los terrenos ya han pagado 16 millones en tasas e impuestos, así como una contribución urbana anual de 30.000 euros. «Lo que no entendemos muy bien se que el proyecto del centro comercial y de ocio iba a generar miles de puestos de trabajo. Encargamos un estudio al respecto al economista de la UIB, Eugeni Aguiló, para ver el impacto laboral de nuestro proyecto. El resultado final es que se iban a generar 4.600 puestos de trabajo. Ni siquiera con este impacto laboral el Govern se ha interesado, lo cual lo calificamos de frustrante».

Alomar denunció que la inseguridad jurídica que se ha creado, «más aún con un decreto ley del Govern que más parece una confiscación de unos terrenos que para captar inversión, tendrá efectos negativos en potenciales inversores. A nosotros, pese a todo, nos gustaría mantener nuestra inversión».