El sector náutico solicita la transferencia a la Comunidad Autónoma de la gestión de las instalaciones náutico-deportivas ubicadas en los cinco puertos de interés general de Balears, Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina (Formentera), según afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresas Náuticas de las Illes Balears, Bartomeu Bestard.
El presidente de la patronal afirmó que las 19 instalaciones privadas situadas en los puertos competencia del Estado están dejando de invertir entre 200 y 300 millones al verse «sometidas» a concesiones que caducan en 2018.
Bestard señaló que la normativa estatal de puertos, que establece la autosuficiencia financiera de las autoridades portuarias (gestores de los puertos del Estado), eleva los precios y reduce la vigencia de las concesiones ubicadas en sus instalaciones, circunstancias que perjudica a las empresas concesionarias.
En contraposición, el sector náutico afirma que las concesiones ubicadas en puertos competencia de Ports de Balears, de la comunidad autónoma, son más largas y baratas.
Los representantes de los diferentes subsectores náuticos, que ayer celebraron un desayuno de trabajo organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca, también criticaron la política fiscal del Gobierno y la dejadez del Ejecutivo autonómico al respecto.
En este sentido, el presidente de la patronal destacó que el problema más acuciante es el impuesto de matriculación, que encarece el coste de las embarcaciones de mayores esloras en un 12 por ciento, lo que resta competitividad respecto a países competidores de la cuenca del Mediterráneo, incluidos los de la Unión Europea.
La eliminación del impuesto de matriculación, que según el sector lastra la compra de embarcaciones, es una exigencia histórica del subsector del chárter náutico, sobre todo en el caso de grandes barcos, ya que impide el desarrollo de una actividad de gran potencial en cuanto a rentabilidad.
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