Fraude y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios son los dos delitos que, a tenor de la querella inicial interpuesta por la empresa Boat Yard Palma S.L., podría haber cometido el ex presidente de la Autoritat Portuària Joan Verger en la adjudicación del concurso público de los servicios de varada y botadura de embarcaciones en el puerto de Palma, el cual fue adjudicado a la empresa Servicios Técnicos Portuarios (STP), entre cuyos accionistas figura la empresa IP3M, en la que eran socios el propio Verger y Juan Antonio Riutort.
La querella del 'caso Puertos' atribuye fraude y negociaciones prohibidas a Verger
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