Registro en la Autoritat Portuària el pasado diciembre. | S. Amengual

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Fraude y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios son los dos delitos que, a tenor de la querella inicial interpuesta por la empresa Boat Yard Palma S.L., podría haber cometido el ex presidente de la Autoritat Portuària Joan Verger en la adjudicación del concurso público de los servicios de varada y botadura de embarcaciones en el puerto de Palma, el cual fue adjudicado a la empresa Servicios Técnicos Portuarios (STP), entre cuyos accionistas figura la empresa IP3M, en la que eran socios el propio Verger y Juan Antonio Riutort.

El contenido de la querella figura en el sumario del llamado 'caso Puertos', que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, que ayer levantó el secreto sobre las actuaciones. La investigación se centra en las posibles irregularidades y trato de favor de las que, presuntamente, habría sido objeto STP en el momento de la adjudicación, toda vez que según la representación de la empresa querellante no presentó la oferta más ventajosa. El concurso se celebró en agosto de 2006.

Entre las diligencias practicadas durante la instrucción del 'caso Puertos', cuya investigación ha corrido a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, destaca el registro que se realizó en la sede de la Autoritat Portuària donde se incautó numerosa documentación relativa a todo el proceso de adjudicación del referido concurso que fue denunciado por Boat Yard Palma S.L., que detalla en su querella las anomalías que, desde su punto de vista, tuvo el concurso.