El gerente del Pula Golf, Romeu Sala, hoy en los juzgados donde ha prestado declaración. | Pere Bota

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El empresario Romeo Sala declaró en calidad de imputado ante el juez instructor del 'caso Ibatur' Juan Ignacio Lope Sola y el fiscal anticorrupción Juan Carrau, que Pula Golf dejó de ingresar 1,7 millones de euros por la organización de torneos de golf, aunque ha admitido unos beneficios de 91.000 euros en cinco años. Sala, defendido por la ex fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Marquez de Prado, esposa del juez Javier Gómez de Liaño, es investigado en la causa por haber percibido a través de Match Golf y Reial Pula Golf 17 millones de euros del Govern de Jaume Matas en concepto de subvenciones.
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El empresario, no obstante, aclaró que en realidad sólo había recibido 14 millones, ya que los otros 3 correspondían al pago del IVA. Asimismo, dijo que el Govern no subvencionó los torneos de golf, sino que los patrocinó.
Según recoge el sumario de la causa, Sala pudo haber beneficiado, como compensación por un supuesto trato de favor con dinero público, a la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, al ex presidente Jaume Matas, al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y a otra decena de ex altos cargos 'populares'. Esos políticos, y otros, habrían dejado de abonar unos 35.00 euros al complejo de Sala. El empresario explicó que había invitado a varios políticos, no solo del PP, y mencionó a (Santiago) Carrillo y (Julio) Anguita. Precisó que no todos los políticos se alojaban gratuitamente en su complejo, ya que muchos abonaban las estancias. Dijo que no tenía soporte informático de la contabilidad en su complejo anterior al año 2005, ya que un incendio había quemado el servidor.
También, Sala aclaró que Jaume Font «nunca» estuvo alojado en su establecimiento.