Jaume Matas, saliendo de declarar el pasado miércoles en relación con el proyecto de la ópera encargado a Santiago Calatrava. | Joan Torres

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Matas deberá aportar 1,6 millones de euros más como fianza civil. El juez que instruye el 'caso Palma Arena', José Castro, acordó ayer la imposición de una caución por esta cantidad al ex president para hacer frente a una posible malversación de fondos en la adjudicación del proyecto de la Ópera de Palma al arquitecto Santiago Calatrava. El magistrado impone la cantidad completa que solicitaban las acusaciones y señala que se trata de una cuantía «prudente y adecuada» puesto que podría haber sido de dos millones de euros.
En el mismo auto, el juez anuncia que enviará la causa al TSJB una vez que el Parlament certifique que Francesc Fiol es aforado. Castro rechaza archivar la causa para Jaume Matas pero sí toma esta decisión para Pilar Mesquida y Aleix Reynés, los autores de los informes que avalaron la contratación, defendidos por los letrados Carlos Barceló y Gabriel Lladó. En la resolución judicial, concreta los «racionales indicios de criminalidad» sobre Jaume Matas en que el ex president buscó contratar a Calatrava con fines electoralistas, no para obtener un rendimiento económico: «Lo único que interesaba era la presentación ante los medios en un momento electoralmente estratégico y con la mediática presencia del arquitecto», señala en el auto. Para ello, según el auto, se prescindió de todo tipo de procedimiento de contratación y, el entonces conseller de Cultura, Francesc Fiol, se encargó de presionar a los técnicos y de acelerar la contratación.
Calatrava
En el auto, el magistrado insiste en que no duda del prestigio de Calatrava, si bien ironiza: «Se intuye que no todos los edificios singulares del mundo han sido proyectados por él». En todo caso, señala que lo que se investiga va más allá de la «pureza procedimental» y apunta que el proyecto: «No es ya que fuera irrealizable, que obras faraónicas hay sobradas, sino que no se pensó para realizarse sino para ser usado como propaganda electoral en competencia desleal». El magistrado duda de la «veneración» del ex president por Calatrava cuando nadie acudió a recibirle al aeropuerto ni le avisó de que la Junta Electoral había prohibido la presentación del proyecto.