El expresidente balear Jaume Matas, durante la entrevista que mantuvo con Efe. | MONTSERRAT T DIEZ

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La defensa del ex presidente del Govern Jaume Matas, ejercida por el abogado Rafael Perera, argumenta en el escrito presentado ayer ante el juez José Castro en el que solicita el archivo del 'caso Ópera', que el Ejecutivo presidido por Francesc Antich «arrinconó» el proyecto del arquitecto Santiago Calatrava.


«El anteproyecto y las maquetas fueron almacenadas en un sótano, impidiendo así que, tras haber finido el periodo electoral (en mayo de 2007) los ciudadanos pudiesen contemplar el magnífico y espectacular trabajo del señor Calatrava, que había sido costeado con dinero público, y que se abriese el debate social que un proyecto de tanta envergadura y trascendencia para Mallorca requería», señala el escrito.


La Fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la Comunitat Autònoma imputan a Matas haber empleado el anteproyecto de Calatrava como un ardid electoral y aprecian indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración en la actuación del ex presidente del Govern.


Fianza civil

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Por ello, han solicitado al juez que imponga a Matas, que declaró de manera voluntaria el pasado martes, una fianza civil de 1,6 millones de euros, cuestión que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma debe resolver próximamente.


El escrito de petición de archivo de la pieza separada del 'caso Palma Arena' presentado por Rafael Perera señala que «no se objetivan indicios racionales de ninguno de los delitos», y que, por lo tanto, «resulta procedente el sobreseimiento libre y archivo de la presente pieza en lo que respecta a Jaume Matas».


Señala que la elección de Santiago Calatrava para desarrollar el proyecto de la Ópera «obedeció a haber llegado a la convicción de que él era, a nivel mundial, y por su calidad de arquitecto, ingeniero y escultor de prestigio internacional, la única persona que podía llevar a cabo, con éxito, la materialización de la idea».


Añade que la decisión de Matas «fue plenamente asumida y compartida por el Consell de Govern de les Illes Balears, y fue, por tanto, una decisión política legítima, contra la que nada se puede objetar». El escrito rechaza que el anteproyecto de Calatrava fuese «irrealizable» o que «adolece de práctica imposibilidad material de ser llevados a cabo y que carece de interés público». «Se trata -subraya la defensa de Matas- de una idea y un proyecto de gran interés público, perfectamente realizable en un futuro y que transformará decisivamente la imagen de Palma a nivel mundial».


Por último, Perera rechaza que pueda representar indicio incrminatorio los gastos del viaje a Roma de Matas, que incluyen el vehículo alquilado, los billetes de avión del entonces presidente del Govern y de su escolta.