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Una legislatura marcada por los escándalos, algunos de la etapa anterior pero también de la actual, podría terminar con la aprobación en el Parlament de una 'código de buenas prácticas' que tendrá rango de ley y que saldrá adelante con el acuerdo de todos los grupos.

Ya se ha pactado el primer paso: UM votará en contra de una enmienda a la totalidad que defenderá el PP, y que lleva aparejada la devolución del proyecto al Govern y, en las siete semanas de actividad parlamentaria que le quedan a la legislatura, se acordarán una serie de cambios que recogerán ideas de UM pero, también, del PP.
No serán 'honorables'

La llamada Llei de la bona Administració y el bon Govern ese es el nombre oficial del proyecto, establece una serie de mecanismos que facilitan el acceso a la ciudadanía a cualquier trámite y que prevé que cualquier dato del patrimonio, empresas, etc, de los políticos pueda estar al alcance de quien lo solicite. UM, según ha señalado su presidente, Josep Melià, va más allá y propone que «se cuelgue todo de internet». Es una posibilidad que no se descarta. También se establecerán 'exámenes' para acceder a los cargos, según la fórmula del Senado norteamericano. Las comparecencias, no serán obligatorias, pero se podrán solicitar desde la Cámara en determinados casos.

El Govern había propuesto inicialmente que para incentivar al funcionariado se establecieran una serie de gratificaciones dinerarias o premios a la productividad. UM se opuso a esta propuesta por entender que se presupone que el funcionariado debe cumplir su trabajo y porque podía crear una serie de privilegios. Los negociadores han considerado que es asumible renunciar a este punto siempre que se mantengan «reconocimientos honoríficos», que no suponen ningún coste.

La ley elimina el tratamiento de 'Molt Honorable' o 'honorable' para el president y consellers. Será 'señor' o 'señora'.