Imagen de la última de las oposiciones para personal docente convocadas por el Govern. | Pere Bota

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La crisis llega a la convocatoria de oposiciones para este año, que además es un año electoral: sólo sacará 150 plazas durante todo el año, y todas ellas de Educación. Concretamente, 50 de las plazas se convocarán para el cuerpo de maestros y 100 para profesores de secundaria, técnicos de formación profesional e inspección. Los sindicatos respondieron de uñas: consideran que las plazas son insuficientes y, además, acusan a la Conselleria d'Educació de incumplir sus promesas.

El conseller d'Educació, Bartomeu Llinás, tras el Consell de Govern y anticipándose a la críticas que podían llegar, recordó que, a lo largo de esta legislatura, los años 2008 y 2011, se habrán sacado a concurso casi 2.000 plazas, en concreto 1.950: 500 en 2008, el mismo número en 2009 y 800 en 2010.

La portavoz del Govern, Joana Barceló, afirmó que el Ejecutivo ha decidido volcar todas su oferta pública en el área de educación. Barceló señaló que no está previsto convocar más oposiciones este año.

Mejoras en centros

Hace algunos meses, concretamente el pasado mayo, la consellera Barceló ya apuntó la posibilidad de suspender alguna convocatoria o no cubrir más plazas. Finalemente se ha optado por dafad al sector docente.

Tras aclarar que las oposiciones se llevarán a cabo en todas las islas, el conseller Llinás apuntado que se trata de una «clara apuesta por funcionalizar a los interinos» y ha atribuido el descenso de plazas a que éstas no pueden superar el 10 por ciento de las jubilaciones que prevén producirse este año.

Además, el Consell de Govern de ayer, dio el visto bueno al acuerdo de colaboración entre la Conselleria d'Educació y los ayuntamientos de Balears para llevar a cabo trabajos de conservación, mantenimiento y mejora de los centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y primaria de las islas.

Llinás destacó que el objetivo de la medida es «contribuir al eficaz mantenimiento de los centros» y que su departamento «ha creído conveniente acordar los mecanismos de planificación y coordinación de ambas instituciones».

Los acuerdos que se firmará con los consistorios que deseen adherirse al convenio, delimitarán las competencias: los ayuntamientos se encargarán del mantenimiento; el Govern de las reformas y de las diferentes mejoras.