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El Parlament balear ha aprobado, con la abstención del PP, la Ley de Salud Pública de Balears, mediante la cual la protección de este aspecto se configurará como un elemento transversal en las políticas de las administraciones de la comunidad y se llevará a cabo una reforma de la sanidad para adaptarla a las nuevas necesidades de la población de las islas.

No obstante, los parlamentarios 'populares' no han dado su voto favorable a la nueva normativa «conscientes de que la ley saldrá adelante», al entender que esta ley es «un fin» para que el Govern «tenga discurso» en el caso de que deban «rendir cuentas» en materia de salud, ha explicado la diputada Aina Castillo, quien, no obstante, ha confiado en que no sea así y que el Ejecutivo «asuma un compromiso de trabajar y desarrolle las actuaciones necesarias».

El resto de grupos ha agradecido el «alto nivel de consenso» que ha habido en el debate sobre esta ley, así como las enmiendas presentadas por el PP, que han conseguido mejorar el texto. En este sentido, durante el pleno de este martes también se han aprobado tres enmiendas más de los 'populares', que hacían referencia a la trazabilidad, la prevención de la enfermedad y la participación ciudadana en el seguimiento de las políticas.

El PP ha considerado que la normativa «no es una buena ley» puesto que «podía haber sido mucho mejor», si bien era «muy difícil» subsanarla «vía enmiendas». Además, Castillo ha entendido que en crisis económica no era el mejor momento para proceder a la creación de la Agencia de Salud Pública, si bien no se ha mostrado en contra de su creación.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Marian Suárez, quien ha calificado la ley de «necesaria y buena», ha remarcado que la principal aportación de ésta es aportar un «cambio de enfoque» en el concepto de salud, del que se beneficiará toda la sociedad. En este sentido, ha abogado por luchar para eliminar las desigualdades de salud que existen en función de las clases sociales.

El texto pretende crear un antes y un después ya que defiende la necesidad de trabajar en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Además, según explicó el conseller responsable, Vicenç Thomàs, durante la presentación del entonces proyecto de ley, se «intenta reorientar la visión del sector de la salud y sumar determinantes sociales» como las condiciones laborales o el entorno familiar.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre el pleno del Parlament rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PP a esta normativa, ya que el resto de grupos entendió que se trataba de «un buen proyecto de ley» que, a pesar de que puede ser «mejorable» no estaba justificada su «devolución al Govern».

La Ley define la salud pública como el conjunto organizado de actuaciones de las administraciones públicas y de la sociedad dirigido a vigilar, promover y proteger la salud de las personas en la esfera individual y colectiva, y prevenir la enfermedad, mediante la movilización y optimización de todos los recursos humanos y materiales. Además, debe ser entendida como la salud de la población en su conjunto y su calidad de vida.

Así, ya no se reduce únicamente a los ámbitos de la higiene y salubridad, puesto que en ella son determinantes otras políticas, como las medioambientales, laborales, sociales, turísticas y alimentarias, por lo que es de vital importancia generar sinergias entre todas ellas.