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Balears es la tercera comunidad autónoma con el peor índice de transparencia de las administraciones autonómicas según el informe realizado por la sección española de la ONG Transparency International, con una nota 56,3 puntos sobre 100, sólo por delante de Cantabria y la Comunidad Valenciana, que obtienen los peores resultados.

Andalucía ha obtenido una puntuación total de 87,5 sobre 100 empatada con Galicia, mientras que Cantabria se ha quedado en 53 puntos sobre 100.

Otras Comunidades en la zona alta del índice han sido La Rioja (83,8 puntos), Cataluña (82,5), Extremadura (81,0) o Madrid (80).

El estudio, el primero de este tipo sobre comunidades autónomas, presentado en Madrid por la Fundación Ortega-Marañón, ha evaluado diferentes áreas de las administraciones autonómicas como la información sobre la Comunidad, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera -donde ha habido mayores dificultades, según la ONG-, transparencia en la contratación de servicios y suministros; y en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.

Entre los diferentes apartados analizados, Balears se sitúa como la última comunidad autónoma en materia de información sobre la comunidad con una nota de 47,8 puntos sobre 100, mientras que la media nacional se cifra en una puntuación de 68,5.

Por otro lado, en el segmento de las relaciones con ciudadanos y la sociedad Balears se coloca como la cuarta comunidad con peor puntuación (73,7) cuando la media nacional se sitúa en 83,3 puntos.

En cuanto a la transparencia económico-financiera, Balears obtiene 41,2 puntos y se sitúa con el séptimo peor registro en el ranking de autonomías. En este campo, la media nacional es de 48,8 puntos.

Sobre el análisis de transparencia en contratos de servicios y suministros, la comunidad se sitúa cuarta por la cola con una nota de 37,5 puntos -el peor registro de todos los campos analizados- mientras que la media nacional se estima en una puntuación de 65,4.

También se ha evaluado la transparencia en materia de ordenación, urbanismo y obras públicas. Un campo en el que el archipiélago obtiene una nota de 76,8 puntos -la quinta por la cola- y la media nacional se sitúa en 82,8 puntos.