Uno de los responsables comerciales de la empresa Iturri, Eduardo Díaz Hervás, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Bomsai que su sociedad acordó en 2004 pagar 120.000 euros al director general de Emergencias en el anterior Govern del PP, Joan Pol, por unos servicios de asesoramiento para dos proyectos, por lo que ha negado de forma tajante que se tratase de un soborno al ex alto cargo, en contra de lo que postula la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo ha puesto de manifiesto el encausado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, que le ha interrogado por el cobro de estos 120.000 euros (140.000 con el IVA) que, de acuerdo a las investigaciones, corresponderían al pago de una comisión por parte de Iturri, que gozó de una notable participación en la dotación técnica del nuevo parque de bomberos de Palma y por la que percibió unos ocho millones de euros.

En su comparecencia, que se ha prolongado durante más de dos horas y en la que se le han exhibido numerosos informes y documentos relacionados con este pago, Díaz ha incidido en que Pol asesoró de manera «informal» y verbal durante tres años a Iturri sobre la mejora de un sistema de comunicación para situaciones de emergencias (Gestfiere) y sobre la puesta en marcha de una nueva escuela de bomberos, ya que era «muy válido en sus conocimientos».

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El imputado, asistido por el letrado José María Rebollo, ha negado que estos servicios prestados tuvieran relación con el nuevo parque de bomberos, cuya adjudicación y contrucción están siendo investigadas por un presunto desvío de fondos públicos. «Hablé con Pol para que no nos dejara colgados y atraerlo a la empresa, y le ofrecí 120.000 euros» que el entonces director general aceptó.

Sin embargo, la acusación pública mantiene que el ingreso fue canalizado mediante tres facturas cuyos conceptos son «evidentemente falsos». Ya el pasado mes de agosto Pol, defendido por Gaspar Oliver, justificó ante el magistrado que entre 2004 y 2007 llevó a cabo un servicio de asesoramiento por el que pactó el cobro de 120.000 euros a través de la sociedad Masal Urbis -en la que participaba-, cantidad de la que no vio «ningún euro» pese a que dedicó a este servicio «muchas horas» de trabajo.

El también ex consejero de la empresa pública CAIB Patrimoni, en libertad bajo fianza de 30.000 euros, se enfrenta por estos hechos a un presunto delito de cohecho y a otro de prevaricación. Una declaración que, no obstante, contrasta con la que efectuó su socio en Masal Urbis, Joan Mas, quien aseguró -tanto en sede policial como judicial- que Pol le ordenó en 2007 emitir tres facturas por un total de 140.000 euros a Iturri, pese a no constarle que la empresa participada por ambos realizase algún servicio que justificase el cobro. Es más, recalcó que todas las facturas las confeccionó el mismo día, si bien poniéndoles fechas diferentes.