Jaume Font explicó ayer en una rueda de prensa su postura tras el inminente archivo del 'caso Plan Territorial de Mallorca'. | M. À. Cañellas

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La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha admitido en el apartado de conclusiones del escrito dirigido al juez instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', en el que le pide el sobreseimiento provisional para todos los imputados, que ordenó investigar el patrimonio de los dirigentes políticos Jaume Font y Bartomeu Vicens. Esas pesquisas, en las que colaboraron inspectores de Hacienda y policía judicial de la Guardia Civil, concluyeron en «sentido negativo», señala el escrito.

Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach han establecido, después de tres años de instrucción de la causa -el juez está a punto de cerrarla después de tres años de instrucción- que apuntaba a supuestos 'pelotazos' millonarios por la recalificación de terrenos en varias zonas de Mallorca, que «no ha sido posible delimitar mediantes indicios sólidos la autoría de los hechos objeto de investigación».

«Presunción lógica»

Con respecto a la investigación a las que fueron sometidos Font (PP) y Vicens (ex UM), Carrau y Horrach señalan: «Ante la presunción lógica de que las actuaciones objeto de investigación iban precedidas, simultaneadas o seguidas, del pago en efectivo o en especie de comisiones o sobornos por parte de los particulares beneficiados a los responsables políticos (delito de cohecho), se realizaron las correspondientes investigaciones patrimoniales, que concluyeron en sentido negativo».

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, dictó ayer una providencia en la que da cuenta de la petición del Ministerio Fiscal para el sobreseimiento provisional de la causa, y subraya que la misma «queda en la mesa del proveyente para acordar».

El archivo del 'caso Plan Territorial de Mallorca' ha sido solicitado por los fiscales tras analizar tres Àreas de Reconversación Territorial (ART), con el resultado de que «no ha sido posible delimitar mediante indicios sólidos la autoría de los hechos objeto de investigación», según afirman en el escrito.

Las ART investigadas tras la denuncia inicial presentada por el GOB en 2007 fueron Son Crever (Marratxí)- Alcudia; Hotel Don Pedro (Pollença)-Hotel Rocamar (Sóller)- Sa Rapita (Campos) y Sa Rápita- Campos.

En ese momento, según los fiscales, «se pusieron de manifiesto indicios incriminatorios de los que se desprendía la presunta comisión, mediante la utilización de la figura de las ART, de los siguientes delitos: prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho».

La causa fue investigada durante tres años en los Juzgados de Instrucción 1 y 6, y permaneció varios meses bajo secreto. Desde hace un año, sin embargo, el 'caso Plan Territorial' estaba estancado al no prosperar las pesquisas realizadas por la policía judicial de la Guardia Civil. El juez estudia desde ayer el informe de la Fiscalía y en los próximos días debe decidir si lo archiva, como le ha solicitado el Ministerio Público, o abre nuevas vías de investigación, según las fuentes consultadas.