La asociación de consumidores denunció a la aerolínea de bajo coste ante las diecisiete comunidades autónomas en el verano de 2008, después de que el Instituto Nacional del Consumo se desentendiera del caso, según ha recordado la Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción (Facua) en un comunicado.
Según Facua, el anuncio de la compañía provocó «un aluvión de consultas de pasajeros preocupados por la posibilidad de que la aerolínea los dejase en tierra», una actuación que la asociación considera que habría sido «ilegal» dado que los billetes ya habían sido emitidos «por lo que existía una obligación contractual entre la compañía aérea y los usuarios».
La entidad asegura que con dicha amenaza, la empresa irlandesa «pretendía que los pasajeros cancelasen sus billetes adquiridos a través de agencia y los volviesen a adquirir directamente en la web de Ryanair».
El Govern balear es el único que por el momento ha hecho pública una sanción al respecto.
La Agencia Catalana del Consumo anunció a FACUA el pasado mayo la apertura de un expediente sancionador a la compañía, pero todavía no le ha aclarado si culminó en multa.
Por su parte, el INC respondió a la denuncia de Facua que «carece de competencias en materia de control y sanción».
La federación ha lamentado en su comunicado que el INC no respondiese con un informe jurídico acerca de las amenazas de la compañía y los perjuicios que estaban provocando a los usuarios «que podría haber trasladado a las comunidades autónomas para fomentar actuaciones sancionadoras».
La asociación también critica «la pasividad de la gran mayoría de comunidades autónomas ante la conducta de Ryanair».
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