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El Consell de Mallorca ha sido condenado por el despido improcedente de una trabajadora del servicio de medicina deportiva, a la que cesó de manera «ilegal» la empresa Comité de actividades de tiempo libre y promoción deportiva (Catlipem) dependiente de la institución mallorquina, según ha informado en un comunicado CCOO.

El sindicato ha señalado que la sentencia obliga al Consell al pago a la trabajadora de 12.000 euros en concepto de salarios dejados de percibir, así como a indemnizarla con 13.043 euros en caso de que decidan despedirla de manera improcedente, si bien ésta ha pedido ser readmitida en el Consell con un contrato indefinido.

CCOO ha señalado que el despido se produjo el día 26 de febrero de 2010 por parte de Catlipem. Según el sindicato, el Consell reconoció que la trabajadora efectuaba sus tareas dentro de la estructura de esta administración, si bien sus salarios procedían de este comité. La trabajadora, auxiliar administrativa, ejercía sus funciones en el Departamento de Medicina Deportiva.

El Comité de actividades deportivas de Mallorca estaba, hasta hace poco, subvencionado por el propio Consell con el fin de fomentar el deporte base en la isla. Durante el 2009 recibió una subvención de más de 350.000 euros, ha indicado CCOO.

La sentencia considera reconocida la relación laboral de la trabajadora con el Consell, a pesar de que tenía contratos y prórrogas con Catlipem, además de que también había tenido otros con anterioridad con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), también adscrito al Consell. Asimismo, figura en las listas de la bolsa de auxiliares.

La trabajadora, representada por la abogada Rosa Hidalgo Cisneros de los servicios jurídicos de CCOO, ha solicitado su reincorporación al Consell en situación laboral indefinida (es decir, hasta Oferta Pública) «ante la pretensión de Función Pública de proceder al despido con indemnización».

En caso de que el Consell decida despedir a la trabajadora deberá abonarle una indemnización de 13.043 euros. El sindicato ha afirmado que, de optar por esta «solución», la institución estará «financiando despidos con dinero público», al tiempo que tendrá que cubrir el puesto vacante con un nuevo trabajador.

Asimismo, CCOO ha indicado que la trabajadora tendrá que ser llamada en caso de vacante al figurar en la bolsa o, en todo caso, cobrar la percepción del subsidio de paro. «No hace falta ser economista ni matemático para ver que la solución del despido es un despropósito a la hora de calcular el coste al erario público del despido arbitrario e improcedente del trabajador público y el coste de un puesto de trabajo a la administración pública», ha estimado CCOO.

Desde el sindicato consideran que ante los despidos improcedentes con sentencia judicial en la administración pública «sólo cabe la readmisión, eso sí, hasta la oferta de ocupación pública donde pueden optar todos los ciudadanos».