La presidenta del Parlament, Aina Rado, y el síndic major, Pere Antoni MAs.

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La Sindicatura de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de la Comunitat Autònoma, pide al Ejecutivo que «analice y, si es necesario, recorte la estructura y la composición del sector público autonómico».

Así se recoge en el último informe entregado al Parlament, referido al primer año gobernado por el Pacte, 2008, y en que mostraba su preocupación por el elevado endeudamiento. Dicho informe, que el Ejecutivo ha tenido en cuenta para su proyecto de ley del sector público e instrumental que el Parlament aprobará la próxima semana, constataba como ese año la Comunidad Autònoma tenía 588 millones de euros de deuda 'oculta', es decir, no reconodida en el pasivo del balance de situación. De este importe 572 millones de euros corresponden a derechos de cobro por subvenciones de carácter plurianual.

Liquidación

El endeudamiento acumulado del sector público era de 1.679 millones de euros.

El Govern participa en 169 entidades que forman su sector público. En el informe de la Sindicatura se estudiaban contratos de varias empresas de modo aleatorio y se recomendaba dictar la normativa que fuera necesaria para que, en todos los entes donde la participación pública sea mayoritaria, se aprobaran y liquidaran los presupuestos de igual modo que ocurre con los de la Comunitat Autònoma. Precisamente ese es uno de los cambios fundamentales que se recogen en la ley que aprobará el Parlament tras quedar ultimada en comisión hace una semana.

Fusiones

Del total de empresas, sólo se llegan a suprimir totalmente cinco, y no son las más importantes. Se mantienen 57 y el resto de fusiona en 24 nuevos entes. Algunos consorcios son meramente coyunturales y operativos, como los que se constituyeron para las obras del Pla Mirall.

Entre las cinco empresas que serán suprimidas en el marco de este proceso se halla el Consorcio para el Fomento de la Lengua Catalana (Cofuc).

El 'tijeretazo' al sector público balear, formado por 169 empresas y organismos públicos, afectará más a los cargos de dirección que al personal y no será de un día para otro.

Así lo dejó claro el president Antich cuando, a principios de junio, presentó su propuesta a los portavoce de los grupos parlamentarios.