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La comisión parlamentaria que ha estado cribando las enmiendas presentadas al proyecto de ley del sector público e instrumental de la comunidad autónoma, concluyó ayer el texto que se presentará al pleno para su debate definitivo. Se verá en un pleno extraordinario, que todavía está pendiente de convocar (será el 20 o el 27) y que también tiene previsto nombrar al director general de IB3.
El proyecto de ley del sector público e instrumental de la comunidad autónoma, que ya tiene el visto bueno de UM, pretende establecer mecanismos de control, hasta ahora poco efectivos, en las empresas, institutos y consorcios donde participa el Govern. Esta ley ha sido preparada, conjuntamente desde la Conselleria d'Hisenda y la de Presidència.
Menos empresas
Francesc Antich, que ayer cumplió tres años al frente de las presidencia del Govern (los mismos que hoy cumple Francina Armengol al frente del Consell de Mallorca) se refirió el lunes a la importancia de este proyecto. Fue en las empresas públicas donde se originaron la mayor parte de los escándalos de presunta corrupción que afectan a cargos del último Govern de Jaume Matas.
La ley establece mecanismos de control directos por parte de Hisenda y prevé 'auditorías expres' en casos donde existan sospechas de irregularidades. También fortalece las competencias de los interventores del Ejecutivo y abre la puerta a la reducción del sector público, que es otra de las medidas que el president Antich quiere pactar con todos los partidos del arco parlamentario para aplicar gobierne quien gobierne.