TW
9

Un año más, la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració entregará a finales de julio a las pensiones más bajas una ayuda de 210 euros a gastar hasta el 30 de diciembre en productos básicos (comida, ropa, calzado o medicinas). Es la denominada tarjeta básica, que beneficia a unas 8.000 personas perceptoras de pensiones no contributivas o con una discapacidad mayor del 65%.

Este complemento, no obstante, mantiene el importe de 210 euros desde el año 2004, cuando pasó de 180 a la cuantía actual.

En 2008 se anunció una subida del 3 por ciento, que en aquel momento suponía la consolidación de una subida igual al IPC en los próximos tres años, pero la crisis económica ha congelado cualquier incremento hasta fecha indefinida.
Ese mismo año, la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, anunció un relanzamiento de la tarjeta básica con, además de la subida, descuentos en comercios para los beneficiarios de esta prestación.

Desde 1999

Santiago recordó que la tarjeta básica como tal fue diseñada en 2002 por el Govern del Pacte, como forma de eludir un nuevo recurso por parte del Gobierno central del PP, que ya había recurrido la paga única que desde 1999 ofrecía el Ejecutivo balear, como complemento a las pensiones no contributivas, bajo el argumento de que estas ayudas que concedían algunas comunidades suponía un desequilibrio para la caja única. Balears y otras autonomías apelaron que las competencias de servicios sociales eran competencia suya y también lo era, por tanto, la capacidad de proteger a los ciudadanos con ingresos inferiores.

Finalmente, el Constitucional dio la razón a las comunidades. Balears mantiene desde entonces este modelo de prestación, que este año tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros.

El perfil de las personas que reciben una pensión no contributiva, y que tienen derecho a la tarjeta básica, es el de mayores de 65 años que no han podido cotizar los años suficientes, lo que afecta mayoritariamente a mujeres. También la reciben personas mayores de 18 años que tienen una discapacidad del 65% en adelante.

Por otro lado, la consellera d'Afers Socials ha reconocido que aún no tiene ninguna garantía de poder destinar más dinero a ayudas económicas de urgencia social, que se entrega a los ayuntamientos de las Islas o a las ONGs.

El Govern balear aprobó en 2009 un plan de emergencia, de carácter extraordinario y dotado inicialmente con 1.045.000 euros, con el que se pretendía atender, de una forma ágil, las demandas urgentes de personas que por culpa de la crisis se habían quedado sin ingresos o los habían reducido considerablemente. Esta situación afectó y aún afecta a personas «normalizadas» que hasta este momento nunca habían que tenido que recurrir a los servicios sociales o bien no eran usuarios de manera ocasional.

Pero ese millón de euros se terminó a final de año y en diciembre del año pasado se aprobó destinar otro millón más. Este dinero se acaba ahora en julio y Fina Santiago aún no sabe si se va a poder «arañar» algo más del presupuesto. «Tenemos un presupuesto ya muy ajustado y tenemos que estudiarlo», dijo. En cualquier caso, antes de septiembre se deberá haber tomado una decisión.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se han tramitado más de 1.700 solicitudes de ayudas económicas destinadas a las familias de las Islas.