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Las auditorías difundidas ayer por el Govern balear confirmaron algo que era 'vox populi': que el proceso de adjudicación y ejecución de las dos autovías de Eivissa estaba plagado de irregularidades. Son de tal calado que el Ejecutivo las ha puesto en manos de la Abogacía de la Comunitat Autònoma para que decida si las lleva a la Fiscalía.
Los informes, que suponen un nuevo varapalo a la gestión de Jaume Matas en la presidencia del Govern concluyen, por ejemplo, que el Ejecutivo balear no era el competente para ejecutar ninguno de los dos proyectos, que las competencias fueron hurtadas al Consell, que no se cumplieron los informes de impacto ambiental y que, además, las obras estaban presupuestadas en 8,33 millones de euros y terminaron por costar 150. El conseller Jaume Carbonero recordó ayer que su antecesora en el cargo, Mabel Cabrer, le 'amenazó' con llevarle a los tribunales si no había irregularidades. Ayer le retó a que lo hiciera.
El secretario general del PP balear, Miquel Ramis, calificó de «hipócrita» la actitud del conseller Carbonero ya que recordó que las carreteras de Ibiza pasaron la fiscalización de Intervencion y la Sindicatura de Comptes «sin problemas. El conseller oculta información a conciencia. Desafío al Govern a que lleve este tema ante los tribunales».