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El asesor jurídico de Ibatur, Miguel Àngel Bonet, declaró ayer ante la policía que su intervención en más de un centenar de expedientes que examina Anticorrupción se limitó a dar forma a lo que le solicitaba el gerente, tanto Raimundo Alabern como Juan Carlos Alía. Bonet respondió durante más de tres horas las preguntas de los fiscales sobre los 127 expedientes sospechosos. El imputado defendió la legalidad de los mismos, si bien señaló que respondían a encargos que le hacían sus superiores. Bonet, que ya fue detenido por esta causa, lo ha vuelto a ser por unos hechos totalmente diferentes. En esta ocasión no ha admitido haberse quedado con dinero, como sí hizo en la primera, cantidad que una vez arrestado devolvió.
Bonet tras declarar a última hora de la tarde quedó junto a otras cuatro en los calabozos de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía por el 'caso Ibatur'. Los dos ex gerentes de la empresa, Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, el ex asesor jurídico, Miguel Àngel Bonet cumplieron así su segunda jornada detenidos. A éstos se les reunieron otras cuatro personas ayer por la mañana: F. J. E., de 58 años, J. J. V. J., de 48; K. D. M., de 63 y A. V. A., de 49. De éstos, dos son los administradores de la empresa de publicidad Clave, una de las principales investigadas en la trama. También se encuentra el encargado del catering en las ferias turísticas a las que acudía el Ibatur y su esposa, que fue dejada en libertad sin cargos.
A lo largo del día, la policía dejo también libres, pero con cargos por malversación de fondos, falsedad documental y fraude a la administración a otras dos personas.
Catering
Uno de ellos es un empresario propietario de dos empresas de transporte que trabajaba con la agencia de publicidad Clave. También fue interrogado el responsable del catering en las ferias. Éste recibía una asignación fija de 3.000 euros al mes por parte del Ibatur. En realidad esta cantidad correspondía a una adjudicación anual para que se encargara de la comida en todos los actos promocionales que realizaba Ibatur. La Fiscalía cuestiona cómo se realizó la adjudicación de este trabajo a esta persona. Él, defendido por los letrados Laureano Arquero y Agustín Aguiló, explicó que realizaba labores de relaciones públicas para una asociación hotelera y que, a raíz de eso fue fichado por Ibatur.