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El juez instructor del 'caso Funeraria', Manuel Vicente Penalva, preguntó ayer a la ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y concejal del Ajuntament de Palma (PP), Marina Sans, si le parecía «razonable» gastar 50.000 euros de dinero público en comidas, y respondió que «depende de la representanción», aunque matizó de inmediato que «la funeraria no tiene ninguna de las representaciones que llevaban en su momento».
Marina Sans, defendida por el abogado Rafael Perera, está imputada en el 'caso Funeraria', que investiga una supuesta red de corrupción en esa empresa municipal organizada, al parecer, por el ex gerente de la EFM Óscar Collado, y fue interrogada por diversos gastos realizados en su mandato en restaurantes de Palma y Madrid. Las facturas que han sido incluidas en el sumario, y que ayer le enseñaron, recogen pagos de hasta 900 euros en fines de semana. Sans lo negó al afirmar que «nunca» ha ido a comer en fin de semana (con cargo a la EFM) y que la información «es totalmente errónea».
Firmas
Añadió que ella firmaba el importe de las comidas y que pasaba el ticket con la inscripción «comida de empresa» a Óscar Collado, que también tenía firma como gerente «dentro de los gastos de representación».
Indicó que en el pleno del Ajuntament donde se aprobaban los gastos de representación de las empresas públicas en sus juntas generales, nunca hubo ninguna queja de la oposición acerca de estos gastos.
Cuentas
Ayer, asimismo, estaban citados ante el juez Óscar Collado y su mujer, Francisca Moll. El ex gerente de la EFM, defendido por el abogado José Ignacio Herrero, se negó a responder a preguntas acerca de un informe de la unidad contra la delincuencia y el crimen organizado de la Policía Nacional sobre los movimientos de sus cuentas corrientes y sus pagos a Hacienda, ya que ha dicho que aún no ha corroborado los datos contenidos en él. De esta manera, será citado otro día a declarar.
Francisca Moll, por su parte, ha manifestado que desconocía los ingresos en efectivo por más de 400.000 euros que, según la policía, se hicieron en los últimos seis años en cuentas de titularidad conjunta con su marido.
Moll, a quien se le ha imputado un nuevo delito de blanqueo de capitales, ha dicho que no tiene explicación para estos ingresos y que tampoco puede explicar por qué en 2003 hubo un volumen de movimientos de 165.000 euros en estas cuentas y en 2004 de 280.000 euros. Otro de los detalles de este informe policial por el que ha sido preguntada es una serie de ingresos en efectivo por 144.000 euros hechos en 2004, de los cuales se ha negado a contestar.