El ex presidente de la Fundación Coint, Pedro Orfila, hoy en los juzgados. | Pere Bota

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El ex presidente de la Fundación Coint, Pedro Orfila, actualmente jefe de Planificación de la Dirección General de Emergencias (DGE), ha defendido hoy su inocencia ante la jueza del «caso Voltor» y ha afirmado en un escrito presentado en el juzgado que ya tiene «la pena del telediario».

Orfila ha declarado hoy como imputado ante la jueza Carmen Abrines, que investiga a Coint dentro de una pieza separada de este caso, sobre supuestos desvíos de fondos irregulares durante la actual y pasada legislaturas desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente de la Conselleria de Turismo.

Respecto a la Fundación Coint, se indagan los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, falsedad documental y fraude a la Administración por haber percibido esta entidad fondos supuestamente irregulares para proyectos europeos gestionados por su vicepresidenta, María Dolores Ordoñez -imputada en esta pieza-, desde su puesto de técnico en el Centro Baleares Europa (CBE).

Antes de su comparecencia, el imputado ha presentado un escrito en el juzgado donde ha defendido su inocencia por estos hechos y su trabajo desde 2003 como jefe del Servicio de Coordinación de la DGE, jefe del departamento de Emergencias y, finalmente, jefe de Planificación.

«No he percibido jamás -afirma en el escrito- dinero alguno que no provenga de mi actividad como funcionario público, y nunca he favorecido o perjudicado a nadie con mis actuaciones».

Y añade: «Los hechos que se me imputan, la ligereza con la que se ha efectuado (desde mi humilde entender), me han llevado a la llamada pena del telediario, a que mi nombre salga en los periódicos como posible o presunto delincuente y, en definitiva, a lo que probablemente sea el final de mi credibilidad».

Orfila, defendido por Llorenc Salva, explica en el escrito que participó desde la DGE en uno de los proyectos investigados, el Damage, que se desarrolló entre 2004 y 2006 y en el que se pagaron 28.998 euros al CBE por asistencia técnica.

Indica que a lo largo de este proyecto él actuó «con absoluta honradez y sin ningún tipo de directriz política» y que la colaboración de Ordoñez como empleada en el CBE fue «satisfactoria», dado que ella tenía conocimientos del funcionamiento administrativo europeo.

El imputado reconoce que en 2006 se contrató por 5.000 euros a Studio Colucci -vinculado a Giovanni Colucci, imputado que tenía que haber declarado hoy pero no ha podido ser localizado- para una auditoría del proyecto Damage, y que se hizo por recomendación de Ordoñez.

Según sostiene en el escrito, también fue Ordoñez la que le recomendó una empresa de ésta y de su hermano Enrique para realizar las traducciones del proyecto, con un coste de 5.267 euros con cargo a la Conselleria de Interior.

Respecto a la Fundación Coint, Orfila asegura que fue su presidente entre 2006 y 2007 y que este puesto se lo sugirió Ordoñez, a quien conoció por el proyecto Damage, pero añade que su participación era «como figura testimonial y de representación».

Según Orfila, durante su presidencia en la fundación, dedicada a la cooperación internacional, no realizó ninguna gestión ante las administraciones públicas.

Aparte de Orfila, hoy también han declarado como imputadas Eva Martínez (vocal de Coint) y Betina Giner (compañera de Enrique Ordóñez, hermano de María Angeles y que compareció la semana pasada ante la jueza).

En el marco del «caso Voltor» declararán los días 7 y 8 de julio el ex conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils; el ex director general de Calidad Ambiental Antoni Oliver; el ex responsable del área de Inversiones del Inestur Antonio Rebassa, y el ex concejal de UM de Sóller Antonio Arbona.

Inicialmente, sus comparecencias estaban previstas para el 9 de junio, pero han sido pospuestas por problemas de asistencia de los abogados, según han indicado a Efe fuentes jurídicas.