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La rebaja de un 5 por ciento de los salarios a funcionarios y empleados públicos afectará a 60.858 personas en las Islas Balears, aproximadamente el 4,89 por ciento de la población balear, cifra que se sitúa muy por debajo de otras comunidades como Extremadura (8,35%), Castilla León (6,66%) o Aragón (6,63%), aunque por encima de otras como Catalunya (3,95%) o Valencia (4,56%).
La medida, anunciada ayer por el presidente del Gobierno, no ha gustado nada a las organizaciones sindicales de las Islas, que han mostrado un rechazo unánime y ya hablan de acciones de protesta, aunque ya se ha calculado que la medida supondría un ahorro aproximado a los 50,2 millones de euros este año.
Pero las medidas presentadas ayer por Rodríguez Zapatero no sólo afectan a los funcionarios y empleados públicos, también afectará, en mayor o menor medida, a los aproximadamente 117.350 pensionistas de las Islas ya que se suspende para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas. Medida que también ha sido criticada por la Federació de Persones Majors de Balears.
El hecho de que se elimine la retroactividad y que las solicitudes para la dependencia tengan que resolverse en seis meses tampoco ha caído en saco roto. La consellera d´Afers Socials, Fina Santiago, ya ha expresado su desacuerdo con la supresión de la retroactividad y ha puntualizado que «las medidas son muy duras para el conjunto de la población».