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El juicio contra el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil Isabel Alemany, ha sido aplazado al próximo 10 de septiembre. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el acusado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de Alemany, pide un total de tres.

En concreto, la vista oral, que ha sido pospuesta hasta en dos ocasiones, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Cabe señalar que tanto el Ministerio Público como la actual vicepresidenta primera del Parlament, a través del letrado Miquel Borràs, atribuyen al ex alcalde un delito continuado de coacciones y otro de prevaricación.

Tal y como postula la acusación particular, después de que desde finales de 2005 y durante 2006 Alemany -entonces regidora y portavoz de UM- promoviese diversas actaciones contra Hidalgo por supuestas irregularidades urbanísticas, el entonces primer edil, «abusando» de su cargo, ordenó paralizar y clausurar de forma inmediata la actividad y las instalaciones del aparcamiento propiedad de la madre de Alemany, ubicado en Sant Elm.

Un parking que, según defiende la acusación, se encuentra al aire libre y en funcionamiento en virtud de una autorización otorgada por el Ayuntamiento de Andratx en 1983, por lo que considera que la decisión de cerrarlo perseguía causar «graves perjuicios económicos» a Catalina Moyà -madre de Alemany- y con ello «perjudicar» a la edil. Y para ello, realizó diversas actuaciones a fin de «revestir de legalidad formal» el cierre.

Todo ello, relata la acusación en su escrito de calificaciones, al que tuvo acceso Europa Press, «con la única y clara voluntad de perjudicar a Alemany» y con el «claro» objetivo de impedir el desarrollo de una actividad económica para la que se contaban con las correspondientes autorizaciones.

«La persistencia, voluntad y finalidad espúrea del acusado en lograr la clausura del aparcamiento al margen de cualquier interés general» se plasma, señala la acusación particular, en que tras la presentación de una copia de la autorización de explotación, el entonces alcalde inició toda una serie de gestiones, a través de terceros, tendentes a lograr a la mayor brevedad posible informes que avalasen la existencia de un riesgo de incendio o de inundación en la zona.

Sin embargo, afirma que la «voluntad de represalia» de Hidalgo no se limitó a la decisión de paralizar la actividad del parquing, sino que «buscando el daño y el descrédito personal y político» de la regidora 'uemita', decisió reclamar a su madre la recepción de las obras y servicios del ámbito territorial del proyecto de urbanización del polígono número 1, sector III, de Sant Elm, así como requerir a Moyà para que procediera al pago del 10 por ciento del aprovechamiento medio, cuantificado por los servicios municipales en un millón de euros.

Cabe recordar que Hidalgo se encuentra en prisión cumpliendo condena por las dos primeras piezas del caso Andratx en las que ha sido juzgado.