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Con su implicación por parte de la fiscalía en la 'operación Bomsai', el ex president Gabriel Cañellas se ha visto inmerso en tres procesos contra la corrupción en su carrera. El primero y más sonado, fue el 'caso Túnel de Sóller' que llevó a su abandono de la presidencia de Balears en 1995.
Finalmente, la causa se zanjó después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia del TSJB, que le absolvía porque los hechos ya habían prescrito, si bien señalaba que Cañellas era «criminalmente responsable de un delito de cohecho». En la causa se acusaba a un empresario de haber empleado 50 millones de pesetas pertenecientes a la empresa para sobornar a Cañellas. El ex presidente del Govern siempre alegó que había entregado el dinero al Partido Popular (PP) de Balears y que no lo empleó para su lucro personal. Ahora mismo el ex president está imputado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y defraudación en el convenio firmado entre el Ajuntament d´Andratx y la Fundació Illes Balears por el Castell de Sant Elm.
La causa surgió a partir de que el Ajuntament d'Andratx denunciara a la fiscalía posibles irregularidades en el convenio por el que el consistorio entregaba 7.500 euros mensuales a la Fundació, que preside Cañellas. La Fiscalía presentó una querella en el juzgado en la que denunciaba la posible existencia de varios delitos, en los que también habría intervenido el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, bajo cuyo mandato se suscribió el convenio. En la causa se investiga si desde las consellerias de Turisme, a través del Inestur, y de Cultura se desvió dinero a la fundación empleando al Ajuntament como un intermediario.
De hecho, Eugenio Hidalgo en su declaración ante el magistrado Antoni Garcías, señaló que el ex president le envió a la Conselleria y que, el entonces conseller, Joan Flaquer, «ya sabía de qué iba el tema». Cañellas niega haber realizado ninguna mediación ante el Inestur ni ante Joan Flaquer para conseguir esta subvención. El ex president defiende que el convenio fue legal y que no existe ningún tipo de irregularidad. En la causa está también imputado Jaume Porcell, también ex alcalde del municipio, que fue quien prorrogó el convenio.