El juez Castro recrimina a Jaume Matas el «trabajo» de su mujer

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El ex presidente del Govern Jaume Matas declaró ante el juez José Castro, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y los abogados personados a lo largo de dos intensos días, 24 y 25 de marzo, durante 16 horas, en lo que ha sido hasta ahora la comparecencia más prolongada de un imputado en la historia judicial de Balears.
El extenso sumario del 'caso Palma Arena', que incluía la investigación sobre los bienes de Matas, fue repasado al revés y el derecho en sesiones agotadoras, tal y cómo las definieron varios abogados presentes en la sala.
El ex presidente del Govern, defendido por los abogados Rafael Perera y Manuel Ollé, respondió a todas las preguntas que le formularon, algunas de ellas, con lujo de detalles, muy fundamentadas, y otras, visiblemente molesto por el derrotero que tomaba el intenso interrogatorio, según ha quedado demostrado en las imágenes que publica Ultima Hora. La comparecencia de Matas comenzó con un golpe de efecto por parte del Ministerio Público, que aportó a la causa nuevas pruebas consistentes en unas grabaciones a los móviles de los imputados que estaban citados a declarar, Jaume Matas, su esposa Maite Areal, su cuñado Fernando Areal y el presidente de Gesa-Endesa Bartomeu Reus. Los 'pinchazos' dejaron en evidencia los intentos de los inculpados para eliminar aspectos de la investigación que podían incriminarles, y recogían una llamada telefónica de Matas al fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, para obtener un trato de favor e intercediera ante sus subordinados Juan Carrau y Pedro Horrach.

Cintas
La incorporación de esas cintas al sumario fue rechazada de plano por la defensa del ex presidente, que poco después, presentaba un recurso para que fueran eliminadas. Ese recurso está pendiente de resolución.
El primer día declaró Fernando Areal, cuñado de Matas, en una sesión muy polémica debido a que los argumentos expuestos por el ex tesorero del PP fueron grabados a través de un móvil por parte de uno de los abogados presentes en la sala. Como los medios de comunicación reprodujeron palabras textuales pronunciadas en los interrogatorios, el abogado de Matas Rafael Perera solicitó, y obtuvo, del juez la autorización para un cambio de sala con el objetivo de evitar las filtraciones. La hermana de Fernando Areal y esposa de Matas, Maite, se negó a declarar acogiéndose a su derecho de guardar silencio.

El piso de Madrid
Posteriormente, compareció Bartomeu Reus, ex presidente de Gesa-Endesa, defendido por el letrado Antoni Albertí, quien insistió en que el piso del barrio Salamanca de Madrid era suyo y no de Matas, como sostiene la Guardia Civil.

Quizás, la parte más farragosa de las sesiones, la primera de ellas, desarrollada el 24 de marzo, fue la relacionada con el Palma Arena. A Matas le enseñaron decenas de documentos vinculados al recinto deportivo con decisiones adoptadas por los organismos encargados de su construcción, que él revisó con minuciosidad.
En esos documentos estaban reflejadas las firmas de las personas que, supuestamente, habían asistido a las reuniones, aunque como se sabe, muchas de ellas negaron la autencididad de esas rúbricas. Hay frases, gestos del ex presidente, muy expresivos para desmarcarse de los acuerdos adoptados en esas reuniones, entre ellas, la ya conocida «soy el primer interesado en conocer quién falsificó las actas de la Fundació Illesport», al tiempo que pedía al juez «seguir investigando ese tema».

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También, Matas insistió en desvincularse de la propiedad del piso de Madrid, «que es de Tolo Reus (ex presidente de Gesa-Endesa), no mío», subrayó.

Cuando el interrogatorio al ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente en el gobierno de José María Aznar, derivó hacia su patrimonio, se escuchó la única asunción de responsabilidades por parte del imputado, que admitió haber defraudado a Hacienda al no declarar unos ingresos provenientes del traspaso de un negocio familiar. En cambio, negó que hubiese existido un aumento injustificado de su patrimonio que le hubiese permitido afrontar los gastos de la compra y reforma del 'palacete' de la calle Sant Felio de Palma, así como diversos objetos de lujo.

La Fiscalía Anticorrupción imputa a Matas doce delitos, siete de ellos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales, por los cuales podría ser condenado a 64 años de cárcel, aunque sólo cumpliría 24.

El ex presidente se encuentra en libertad tras abonar en efectivo tres millones de euros en concepto de fianza tramitada a través del Banco de Valencia y de una cuenta de la Caja de Arquitectos. El juez José Castro, además, le retiró el pasaporte y le obliga a presentarse cada quince días en los juzgados.