Jaume Matas, su esposa, Maite Areal, y Rafael Perera. | Jaume Morey

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El recurso presentado por Rafael Perera, abogado del ex presidente del Govern Jaume Matas, señala que la fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel y la retirada del pasaporte, medidas cautelares impuestas por el juez José Castro, «rozan lo punitivo».
El escrito, que desde ayer está estudiando el magistrado instructor del 'caso Palma Arena', señala que las medidas cautelares acordadas «se fundamentan en indicios o conjeturas no acreditadas, y se realiza un juicio anticipado sobre datos hipotéticos a todas luces prematuro, y que carece de valor para desvirtuar la presunción de inocencia».
Matas tiene plazo hasta hoy a medianoche para constituir la fianza y eludir su ingreso en prisión. El pasaporte ya le ha sido retirado, medida que además se complementa con su presentación regular en el juzgado.
Riesgo de fuga
El recurso redactado por el letrado Rafael Perera señala: «No existe riesgo de fuga puesto que Matas ha estado y está, desde la incoación del procedimiento, a disposición absoluta del juzgado, habiendo comparecido a la primera citación; tiene domicilio conocido y arraigos evidentes».
Añade que al tratarse de una persona conocida pública y socialmente, el riesgo de fuga «no sólo se atenúa, sino que se anula».
Insiste en que (Matas) «tiene un puesto fijo (de trabajo) en Nueva York, en una empresa de máxima solvencia, como se ha acreditado documentalmente», e incide en que «las presentaciones quincenales podría efectuarlas ante el Consulado general de España en Nueva York».
Y subraya: «Se conculca o vulnera el derecho al trabajo, ya que al privársele del pasaporte, se le obliga a abandonar el puesto de trabajo, lo que por otra parte, le origina un perjuicio prácticamente irreparable (Matas ya se despidió de la empresa en la que trabajaba PriceWaterhaouse&Coopers). La retirada del pasaporte a un español que precisamente tiene su puesto de trabajo en el extranjero tiene un carácter que excede del meramente cautelar, adentrándose en lo punitivo». El recurso insiste en que no existe a estas alturas de la instrucción «peligro alguno de ocultación o destrucción de pruebas, por mucha actividad probatoria que quiera desplegarse».
Con respecto a la fianza (de tres millones de euros), «es desproporcionada y no resiste un juicio de razonabilidad; puede decirse también que presenta aspectos que exceden de lo cautelar y presenta matices punitivos y el auto judicial no razona el porqué de la cantidad exigida».
El letrado de Jaume Matas, finalmente, solicita al juez instructor del 'caso Palma Arena' que se rebaje la fianza a 350.000 euros, «que es el importe máximo que últimamente se ha impuesto en este territorio a una persona pública», en directa alusión a la ex presidenta del Parlament Maria Antònia Munar.
Las medidas cautelares impuestas a Matas por el magistrado fueron idénticas a las solicitadas por el Ministerio Fiscal.