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La Junta de Gobierno del Ajuntament de Palma aprobó ayer el pliego de condiciones del proyecto para la implantación de un modelo de bicicleta pública en Ciutat, que contará con una inversión de 800.000 euros y será financiado por el Plan E. Como mínimo habrá 280 bicicletas, 440 anclajes y 25 estaciones.
Sin embargo, desde el PP consideran que el proyecto de la bici pública de Aina Calvo es muy caro, ya que cuadruplica el que ellos iniciaron la pasada legislatura. «En época de crisis los ciudadanos no entienden que Calvo se gaste 800.000 euros en bicis», manifestó el portavoz del PP en Cort, Julio Martínez.
Por su parte, el regidor popular Carlos Veramendi explicó que en junio de 2006 Cort, la Conselleria d'Indústria y la Fundació Illes Balears Sostenible firmaron un convenio para implantar la bici pública en Palma. En concreto, el Ajuntament aportó 40.000 euros, la Fundació Illes Balears Sostenible otros 40.000 euros y la Conselleria 208.000 euros. Veramendi recordó que con este dinero se hizo el carril bici de Son Rapinya, se compraron 100 bicicletas y quedó dinero con el que se han iniciado carriles bici esta legislatura. Además, añadió que en tres ocasiones le ha preguntado al ex regidor de Mobilitat, Joaquín Rodríguez, por el desarrollo de este acuerdo, a lo que le respondió que se estaba trabajando en él.
Sin embargo, el actual teniente de alcaldesa de Mobilitat, José Hila, aseguró que los técnicos informaron la pasada legislatura que el proyecto era inviable. Veramendi insistió en que no tenía constancia de ello y puso en duda que fuese así, ya que antes de firmarse por las administraciones contó con el visto bueno de los técnicos y jurídicos.
Concesión
Por su parte, Hila también manifestó su indignación por las críticas del PP y justificó que su proyecto de la bici pública cueste 800.000 euros argumentando que las bicis que se compraron la pasada legislatura no sirven porque no cumplen los requisitos necesarios. El regidor de Mobilitat destacó que en él pondrá en marcha la bici pública en Palma y el PP no lo hizo.
En lo que se refiere a la concesión, el equipo de gobierno está estudiando la gestión de la bici pública, aunque la gestión directa es la última posibilidad que se baraja; se prefiere que sea externa.