El abogado Eduardo Valdivia, abandonando anoche las dependencias de la Policía Nacional. | M. À. Cañellas

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La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional han destapado un cúmulo de supuestas irregularidades -que tendrán que ser demostradas en la fase de instrucción- en la adjudicación de contratos públicos a dedo a empresarios afines a Unió Mallorquina, en el marco de la segunda fase de la denominada 'operación Voltor'.
Tras meses de investigación y registros en varias empresas, el sumario -que sigue bajo secreto- recoge decenas de concursos amañados en el actual Govern cuyo importe supera los dos millones de euros, cuando Francesc Buils era conseller de Turisme, y en el anterior Consell, cuando ocupó también el cargo de conseller de Turisme.
El pago de comisiones era una práctica habitual, según han podido determinar las pesquisas y las declaraciones de un «arrepentido», al igual que la 'colocación' de gente afín a UM en las empresas públicas, requisito éste imprescindible para acceder a esos contratos.
Minser Servicios Generales desempeñaba un papel clave en el desarrollo de esa supuesta trama. Dos de sus gestores, Juan Carlos E. y Gabriel R. permanecen detenidos, al igual que el ex conseller de Turisme Francesc Buils y el empresario y propietario de Canal 4 Jacinto Farrús. Con la antigua denominación de Mallorca Informática de Servicios Administrativos, Minser se adjudicó al menos cuatro contratos del Consell de Mallorca por valor de casi medio millón de euros.
Proyectos
Entre esos proyectos destaca un servicio audiovisual de información turística en el aeropuerto de Palma. Además, dos de esos proyectos adjudicados llevaron la firma del entonces conseller de Economia del Consell Miquel Àngel Flaquer, también imputado en la 'operación Voltor'.
Pero, el concurso 'estrella' adjudicado a Minser por un importe de un millón de euros, fue la instalación de un complejo sistema telefónico automático en diferentes lenguas.
El Inestur, según recoge el sumario, encargó ese proyecto al Consorcio Informático Local de Mallorca (Cilma), que a su vez, lo cedió a Minser.
La 'operación Voltor' es investigada desde hace unos cuatro meses, después de que la sociedad Cubic Consultors interpusiera un pleito contencioso administrativo y denunciara a la Fiscalía de Balears un concurso público convocado por el Instituto de Estrategia Turística (Inestur).
Pese al riguroso secreto del sumario que pesa sobre las diligencia practicadas, prorrogado ya en una ocasión por la juez instructora Carmen Abrines, se ha filtrado la declaración voluntaria presentada por un imputado que apunta directamente a Francesc Buils como el 'cabecilla' de toda la trama orquestada en torno al cobro de comisiones en los contratos públicos adjudicados a empresarios afines a UM.