Dulce Linares asegura que era "una figura decorativa" y que las decisiones las tomaba Matas

Durante la comparecencia que efectuó en calidad de imputada durante más de tres horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos durante la ejecución del velódromo palmesano, Linares aseveró que tanto Ballester como el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, se presentaban a las reuniones del consorcio creado para la construcción «con las decisiones tomadas». «Las de menor calado las tomaban ellos y las más importantes previa consulta con Matas», incidió al respecto la encausada, que se desmarcó así de las decisiones acordadas en el proceso.

Entre estas medidas, Linares, defendida por los letrados Eduardo Valdivia y Carlos Barceló, fue interrogada por la propuesta de contratar al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, que atribuyó a Ballester, quien «simplemente se limitó a comentarla» en una reunión de la comisión ejecutiva de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba en el consorcio- «ya que la decisión ya estaba tomada, porque la comisión no adoptó ningún acuerdo al respecto».

En este momento de la deposición, Linares dudó entre la entonces consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, como la persona que nombró a Schürmann, o Matas «a propuesta de Ballester». «El órgano de contratación era la señora Puig», aseveró más adelante la imputada, quien insistió en que «como Illesport no se reunía supongo que el órgano de contratación era Puig, que era la que firmaba los contratos».

Mientras tanto, sobre los dos arquitectos que sustituyeron a Schürmann, los hermanos Luis y Jaime García Ruiz, recordó que en otra reunión de la comisión ejecutiva también Ballester fue quien expuso la necesidad de adquirir sus servicios. Unos profesionales que, según las investigaciones, fueron contratados 'a dedo' y acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros.

Así, relató, el ex regatista lanzó la idea de los García-Ruiz «por el incumplimiento de Schürmann», y como ambos arquitectos «ya estaban colaborando con él la solución más viable era contratarles». Es más, manifestó que su contratación «por 90.000 euros no llegó a firmarse» y sí posteriormente «por un importe superior».

Linares, que formaba parte del consejo de administración del consorcio para la construcción del velódromo y fue nombrada por Matas como patrona de Illesport -a través de la cual el Govern participaba en el consorcio-, se autocalificó en la comisión como «figura decorativa», lo que llevó al fiscal anticorrupción Pedro Horrach a preguntarle quién había otorgado a Ballester «esa capacidad de decidir que anulaba a la declarante». «El presidente del Govern», respondió la imputada.

Convenio con el Instituto Noos

Sin embargo, éstas no fueron las únicas decisiones por las que fue interrogada la ex jefa de gabinete, ya que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach también le inquirió sobre el convenio suscrito entre Illesport, Instituto Balear del Turismo (Ibatur) e Instituto Nóos -vinculado al Duque de Palma Iñaki Urdangarín- por 1,2 millones de euros y del que no hay acreditación del gasto efectuado. Al respecto, recordó que la propuesta del convenio fue de Ballester «y tomada por el presidente», aunque puntualizó que «nadie me dio la orden de que prescindiera del control del gasto».

Por otro lado, Linares recordó que su antecesora en el cargo, Maria Umbert, le transmitió la decisión de Matas de iniciar un expediente negociado sin publicidad así como las tres entidades que tenían que ser invitadas, aunque a este respecto negó conocer si la elección de estas tres empresas «era obra de Umbert o del presidente». Se trata del informe de contratación para la implantación de IB3, que fue encargado en 2004 por un importe de 30.000 euros al bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales.

Precisamente, los administradores de este despacho prestaron declaración como imputados por los presuntos pagos irregulares por unos 31.000 euros que posteriormente realizó a Matas, cuando éste ya había abandonado la política. En referencia al informe, Linares aseguró desconocer «las peculiaridades de ese expediente más allá de la pura gestión administrativa».

Finalmente, a preguntas de uno de los letrados personados en la causa, Linares consideró «muy posible» que uno de los dos administradores, Arnaldo Alcubillas, fuera contratado por Matas para hacer un informe sobre campañas institucionales en época electoral, ya que «se conocían», y en este sentido recordó que para ello se realizó un contrato menor. Sobre esto, el propio Alcubillas manifestó ante el juez que se encargó de llevar a cabo el informe y que recibió por él una cantidad inferior a 12.000 euros.