Si no se realizasen vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición en Balears la tasa de residuos urbanos descendería un 50 por ciento. En el caso de Mallorca, el director insular de Gestión de Residuos, Josep Pastor, explica que si entraran en la planta de tratamiento del Parque de Tecnologías Ambientales las 1.200.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, que prevé el Plan Director de Gestión de Residuos, no habría capacidad para reciclarlo todo y un 30 por ciento se tendría que incinerar. En este proceso se produciría electricidad que se vendería y permitiría reducir a la mitad la tasa de residuos urbanos que pagan los ciudadanos.
La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear se ha propuesto poner fin a este problema. Así, el director general de Qualitat Ambiental, Josep Lliteres, se reunirá con los alcaldes de las Islas para coordinar una acción conjunta contra los vertidos incontrolados en los municipios. Lliteres propondrá a los alcaldes un plan con tres ejes principales. En primer lugar, los ayuntamientos tendrán que realizar un mapa para localizar los vertidos incontrolados. Actualmente se desconoce el número de vertidos incontrolados que se producen en las Islas; entre otras, ésta será una de las funciones de los mapas que tendrán que elaborar los consistorios. En segundo lugar, se deben poner los instrumentos necesarios para limpiar las zonas degradadas. El tercer eje consiste en incrementar la vigilancia para que no se vuelvan a realizar estas incívicas actuaciones. En relación al modo de proceder, Lliteres explica que cuando los ayuntamientos realicen los mapas de vertidos incontrolados, el Govern estudiará la posibilidad de abrir un expediente de infracción. De este modo, la persona que ha realizado el vertido incontrolado se tendrá que hacer responsable de que el terreno en cuestión vuelva a su estado original.
El objetivo que se persigue es que los ayuntamientos se impliquen al máximo y tomen medidas efectivas contra los vertidos incontrolados. En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia es pionero, ya que sanciona hasta con 3.000 euros a todas aquellas personas que tiran basura en lugares en los que no está permitido. «El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia ha puesto un especial empeño en la vigilancia de los residuos incontrolados. Es un ejemplo a seguir y me gustaría que se extendiera esta actuación a otros ayuntamientos», declara Lliteres.
El director general de Qualitat Ambiental del Govern sostiene que muchas personas tiran los escombros en lugares en los que no está permitido porque no saben dónde tienen que depositarlos. «No puede ser que en el siglo XXI los ciudadanos tiren las cosas al Medio Ambiente de esta manera», señala. Por ello, el Govern realizará una campaña de concienciación ciudadana en el primer trimestre de 2009, con la finalidad de evitar conductas incívicas por parte de algunos ciudadanos. Aunque aún está por decidir el lema, la idea de la campaña es responsabilizar a la sociedad del daño que están haciendo cuando tiran residuos a la naturaleza; «se trata de concienciarlos», según Lliteres.
De este modo, considera que la concienciación ciudadana es muy importante, ya que «una Comunidad Autónoma que en parte vive del paisaje debe recibir a los turistas con la casa limpia».
En lo que se refiere al tipo de basuras que se arrojan a lugares en los que no está permitido hacerlo, el 75 por ciento son materiales de construcción y demolición. Sin embargo, el 60 por ciento de las denuncias que reciben en la Conselleria de Medi Ambient son por vehículos abandonados.
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