El president del Govern, Jaume Matas, en el discurso que
pronunció en Maó en el acto de entrega de las Medallas de la
Comunitat y los Premis Ramon Llull, en el marco de la Diada de les
Illes Balears, propuso que el nuevo Estatut, que debe surgir de un
amplio consenso entre todas las formaciones políticas, incluya una
cláusula de insularidad que regule la solidaridad del Estado con
las Islas. Y, precisamente en esta línea, abogó por la creación de
una agencia tributaria propia consorciada con la estatal.
De todos es conocido el hecho de que las aportaciones que
realizamos desde Balears son superiores a lo que el Estado invierte
en nuestra Comunitat. Y es de sobra conocido que, debido a la
insularidad, los ciudadanos sufrimos mayores costos, precios más
elevados y, por si ello no fuera suficiente, con el problema
añadido de que viajar a cualquier otro punto del país o hacerlo
entre las mismas Islas requiere del barco o el avión.
Por ello no resulta sorprendente la propuesta de Jaume Matas,
sino al contrario. Se trata de una propuesta que podría significar
una mejor financiación al realizarse la gestión de los tributos
desde aquí mismo. No se trata en absoluto de ser insolidarios con
las otras comunidades. Eso también lo dejó claro el president del
Govern. Pero sí de gestionar los propios impuestos para hacer que
el reparto sea más justo y que no suframos el eterno agravio
comparativo con otros ciudadanos del Estado. Claro está que para
aprobar esta reforma, de importante calado, es preciso contar, como
anunció Matas, con un amplio consenso. Pero, además, debe tenerse
en cuenta que la finalidad es la mejora de la atención, de los
servicios e infraestructuras que van a utilizar los ciudadanos. De
no hacerse de este modo, resultaría un terrible fracaso.
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