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Que en pleno siglo XXI y en una ciudad del primer mundo como es Barcelona ocurra lo que ha ocurrido resulta, cuando menos, inverosímil. Pero es que además del fiasco técnico y político del hundimiento del túnel de construcción del metro en el barrio del Carmel, hay nada menos que mil familias que se han quedado sin hogar, lo que ya entra de lleno en el terreno de lo inadmisible.

Ha habido negligencias, malos modos y ahora, para completar la escena, censura informativa. Algo increíble que salpica de forma clara y contundente al Govern de la Generalitat y, de rebote, al de La Moncloa.

Desde el punto de vista técnico, deberá ser la Generalitat -y en la parte que le corresponde, también el Ayuntamiento de Barcelona- quien responda de los errores cometidos y quien apechugue con las consecuencias.

Pero hay más. Tenemos una metedura de pata política de enorme envergadura. Lo de la censura no ha sido una cuestión casual ni espontánea, qué va. Tras el desastre, un funcionario de la Generalitat estableció un protocolo de actuación relativo a este asunto en el que prohibía a los periodistas hablar con los vecinos o acercarse al lugar del siniestro. Como si quisiera correr un tupido velo sobre una situación tan vergonzosa que nadie se atreve a responsabilizarse de ella.

Y para redondear la cosa, la visita al lugar de los hechos del presidente del Gobierno -que debía haberse producido mucho antes- fue tan fría que resultó teatral. No dejaron que los vecinos se acercaran, seguramente para evitarle un mal trago. Una imagen que recordó demasiado la actuación, tan criticada, de los dirigentes del PP cuando la tragedia dePrestige.