El Govern balear ha decidido endurecer la normativa urbanística
para evitar que los ciudadanos realicen obras ilegales. Lo hará a
través de la ley del suelo, en cuyo texto trabaja desde hace meses
del Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria
d'Obres Públiques, que dirige Mabel Cabrer. Esta nueva ley, cuyo
anteproyecto se presentará con toda seguridad antes de que finalice
el año, incluye al menos dos disposiciones que tratarán de evitar
que los ciudadanos incumplan la legislación urbanística en la
realización de obras.
La primera de esta medidas permitirá a los consells insulars
actuar con mayor celeridad cuando se detecte una infracción
urbanística. El director general d'Ordenació del Territori, Jaume
Massot, explicó que la intención del Ejecutivo es eliminar las
actuales subrogaciones de los consells en materia de disciplina
urbanística y, a cambio, se les dotará de la capacidad de
intervenir en esta materia «de forma conjunta con los ayuntamientos
y siempre en segunda instancia». De esta forma, se respetan las
competencias exclusivas que tienen los municipios en esta
materia.
Registro de la Propiedad
La otra medida que incluirá la futura ley del suelo balear es la
obligación de incluir en el Registro de la Propiedad la instrucción
de expedientes urbanísticos que pueda tener la vivienda, ya sean de
paralización de obras o expedientes sancionadores y de demolición.
Massot explicó que la legislación actual ya posibilita realizar
estas inscripciones en el registro, pero la ley de suelo intentará
que sean obligatorias y no discrecionales, como ahora.
El director general d'Ordenació del Territori se mostró
convencido de que estas inscripciones en el Registro de la
Propiedad tendrán un efecto disuasorio para aquellos ciudadanos que
tengan la intención de realizar obras sin contar con las
correspondientes licencias. Massot añadió que esta medida
permitirá, de forma simultánea, dotar de mayor seguridad a lo que
llamó «tráfico inmobiliario».
El responsable de Ordenació del Territori del Govern añadió que
la medida dará «más confianza al posible comprador», que tendrá
toda la información sobre la vivienda que vaya a adquirir ya que
quedará constancia expresa de las infracciones en el Registro de la
Propiedad. De esta forma, quien quiera comprar una vivienda, además
de conocer las posibles cargas hipotecarias que pesen sobre ella,
también tendrá los datos actualizados y podrá saber si el inmueble
se encuentra en situación de infracción o de ilegalidad
urbanística.
Cercanía municipal
Estas medidas se toman a la vista de que los ayuntamientos se ven
incapaces, en muchas ocasiones, de resolver los expedientes
sancionadores que pesen sobre los habitantes del municipio. Muchos
expedientes sancionadores no se tramitan o, cuando se hace, todas
las obras ilegales terminan pasando por un proceso posterior de
legalización de todo el proyecto.
Para evitar el problema que provoca la 'cercanía' entre las
autoridades urbanísticas y los ciudadanos que cometen ilegalidades,
Govern y Consell pactaron en un principio la creación de la figura
del defensor del territorio, pero no quedará recogido en el texto
que prepara el Govern. Ya se da por hecho que esta nueva figura no
llegará a crearse en la presente legislatura, por lo que la ley de
suelo servirá para incidir en un tema que en un principio debía ser
competencia exclusiva del defensor del territorio.
A pesar de que el director de Ordenació del Territori no quiso
dar más detalles del contenido de la ley que prepara el Ejecutivo,
si bien sí informó de que el Govern está buscando fórmulas
jurídicas para obligar a los promotores a que agoten todas las
posibilidades edificatorias de los solares. Es decir, que si un
solar tiene una posibilidad de edificar cinco alturas, no se
construyan sólo dos plantas. Esta medida permitirá consumir mucho
menos territorio y aprovechar al máximo el poco suelo disponible
que pondrá en el mercado el Plan Territorial.
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