El Govern, dividido por la exclusión de la ecotasa del presupuesto de 2002

El conseller d´Hisenda es partidario de no incluir el dinero del impuesto en el proyecto de ley, pero EU-EV cree que debe figurar la recaudación

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El impuesto turístico sigue en suspenso tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Foto: JAUME MOREY

El impuesto turístico sigue en suspenso tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Foto: JAUME MOREY

La decisión de incluir o no en los presupuestos los ingresos de la aplicación del impuesto turístico "unos 11.000 millones de pesetas" está provocando un debate en el Govern a la hora de redactar el presupuesto de la Comunitat para el año que viene. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, prefiere no hipotecar el presupuesto de la Comunitat con la inclusión de una partida presupuestaria que corre riesgos de no cobrarse nunca.

De hecho, en estos momentos, el impuesto turístico no puede cobrarse dado que la ley de creación de este tributo fue recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional. El Gobierno pidió además la suspensión de esta ley, de forma que, en principio, no se podrá aplicar hasta que el Constitucional no se pronuncie. Para Mesquida, si se incluye el dinero previsto con la recaudación del impuesto se corre el peligro de que suceda después como con el impuesto ecológico, que ha creado un descubierto en la Comunitat de unos 12.000 millones de pesetas.

Sin embargo, un sector del Govern, entre los que se encuentra EU-Els Verds, quieren que los 11.000 millones de recaudación de la ecotasa deben incorporarse al presupuesto de la Comunitat. Aseguran que se trata de una financiación adicional de dinero que no deben dejarse a un lado y estiman que la Comunitat ejercería su soberanía con la inclusión del dinero en las cuentas de la Comunitat. En defensa de este argumento, señalan que, aunque en el momento de la aprobación del presupuesto se desconozca si la ley podrá o no aplicarse, es más que probable que entre los meses de enero y febrero el Tribunal Constitucional decida si levanta o no la suspensión. Los representantes de EU-EV dicen que, en caso de que la decisión del Constitucional fuera favorable a los intereses de Balears, el impuesto podría cobrarse al menos durante diez meses, lo que reportaría unos ingresos suplementarios con los que acometer inversiones turísticas y medioambientales.

La Conselleria d'Hisenda ya tiene muy avanzada la redacción del presupuesto para el año que viene que, por primera vez estará redactado íntegramente en euros, lo que hará que el debate sea también íntegramente en euros. La Conselleria que dirige Joan Mesquida no ha cerrado aún la cifra global del presupuesto, pero estima que superará los 1.000 millones de euros (166.000 millones de pesetas).

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