La Ley de Régimen Especial de Balears incluye descuentos en el transporte de mercancías.

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El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en la que eleva una queja formal ante esta institución ante el reiterado incumplimiento del régimen especial. El conseller pide en su carta la intervención del Defensor del Pueblo para que se dirija al Gobierno y le pida que cumpla la Ley aprobada en su día por el Congreso de los Diputados. Por el momento, la Oficina del Defensor del Pueblo ha enviado un acuse de recibo a la Conselleria d'Hisenda en el que le anuncia que iniciará un estudio sobre si procede o no aceptar a trámite la queja. La respuesta del Defensor del pueblo llegó el pasado mes de julio, por lo que se espera que en breve la Oficina del Defensor del Pueblo conteste al Govern si actuará o no.

En la carta remitida por Mesquida a Enrique Múgica, el conseller asegura que, si se hace un análisis del cumplimiento de la ley, la mayor parte de los aspectos recogidos en ella continúan «inéditos». En particular, el conseller se refiere a la ausencia de convocatoria por parte de la Administración central de la mayoría de las comisiones mixtas previstas en la Ley. «Y ello a pesar de las comunicaciones transmitidas desde el Gobierno de las Illes Balears a los diferentes ministros responsables», señala Mesquida en su carta. El conseller considera en su escrito que el cumplimiento de la Ley necesita «una estrecha colaboración entre ambas administraciones» que pueda dotar de sentido a la Ley. «No hace falta recordar que el principio que debe "o debería" regir las relaciones entre las administraciones públicas es el de lealtad institucional, así como el de cooperación y de colaboración, principios todos ellos que, en este tema, han quedado por lo menos en entredicho», afirma el conseller d'Hisenda en su carta.

Mesquida añade además que la situación es especialmente decepcionante dado que se trata del desarrollo de una ley aprobada por el Parlament balear «y que pretende, precisamente, dar cumplimiento a nuestra Constitución y al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears». Tras explicarle la situación, el conseller eleva la queja «en aras a que, desde su posición, pueda iniciar las actuaciones que considere oportunas». En su misiva, el conseller recuerda que la Constitución, el Estatuto e incluso el Tratado de Amsterdam reconocen las desventajas que provoca la insularidad y aseguran que los territorios insulares deben ser compensados por ello.

Mesquida asegura que, como coordinador del desarrollo de la Ley Especial, ha intentado por varias vías que se ponga en marcha esta ley, hasta el punto de que ha enviado 72 cartas a los respectivos ministros «sin que hasta el momento hayamos obtenido resultado efectivo alguno al respecto». El conseller expone detalladamente todas las gestiones realizadas por su departamento tanto en lo que respecta a la petición de inversiones en materia de infraestructura, como a la necesidad de que el Gobierno establezca ayudas para el mantenimiento de la industria tradicional. Mesquida también detalla que ha pedido la colaboración del Gobierno en materia ferroviaria, como marca la ley, y se han presentado proyectos por valor de 100.000 millones de pesetas «cantidad reducida en comparación con las previsiones de inversión del Ministerio de Fomento en esta materia en la Península, por valor de 3'6 billones».