El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, ha remitido una carta al
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en la que eleva una queja
formal ante esta institución ante el reiterado incumplimiento del
régimen especial. El conseller pide en su carta la intervención del
Defensor del Pueblo para que se dirija al Gobierno y le pida que
cumpla la Ley aprobada en su día por el Congreso de los Diputados.
Por el momento, la Oficina del Defensor del Pueblo ha enviado un
acuse de recibo a la Conselleria d'Hisenda en el que le anuncia que
iniciará un estudio sobre si procede o no aceptar a trámite la
queja. La respuesta del Defensor del pueblo llegó el pasado mes de
julio, por lo que se espera que en breve la Oficina del Defensor
del Pueblo conteste al Govern si actuará o no.
En la carta remitida por Mesquida a Enrique Múgica, el conseller
asegura que, si se hace un análisis del cumplimiento de la ley, la
mayor parte de los aspectos recogidos en ella continúan «inéditos».
En particular, el conseller se refiere a la ausencia de
convocatoria por parte de la Administración central de la mayoría
de las comisiones mixtas previstas en la Ley. «Y ello a pesar de
las comunicaciones transmitidas desde el Gobierno de las Illes
Balears a los diferentes ministros responsables», señala Mesquida
en su carta. El conseller considera en su escrito que el
cumplimiento de la Ley necesita «una estrecha colaboración entre
ambas administraciones» que pueda dotar de sentido a la Ley. «No
hace falta recordar que el principio que debe "o debería" regir las
relaciones entre las administraciones públicas es el de lealtad
institucional, así como el de cooperación y de colaboración,
principios todos ellos que, en este tema, han quedado por lo menos
en entredicho», afirma el conseller d'Hisenda en su carta.
Mesquida añade además que la situación es especialmente
decepcionante dado que se trata del desarrollo de una ley aprobada
por el Parlament balear «y que pretende, precisamente, dar
cumplimiento a nuestra Constitución y al Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears». Tras explicarle la situación, el conseller
eleva la queja «en aras a que, desde su posición, pueda iniciar las
actuaciones que considere oportunas». En su misiva, el conseller
recuerda que la Constitución, el Estatuto e incluso el Tratado de
Amsterdam reconocen las desventajas que provoca la insularidad y
aseguran que los territorios insulares deben ser compensados por
ello.
Mesquida asegura que, como coordinador del desarrollo de la Ley
Especial, ha intentado por varias vías que se ponga en marcha esta
ley, hasta el punto de que ha enviado 72 cartas a los respectivos
ministros «sin que hasta el momento hayamos obtenido resultado
efectivo alguno al respecto». El conseller expone detalladamente
todas las gestiones realizadas por su departamento tanto en lo que
respecta a la petición de inversiones en materia de
infraestructura, como a la necesidad de que el Gobierno establezca
ayudas para el mantenimiento de la industria tradicional. Mesquida
también detalla que ha pedido la colaboración del Gobierno en
materia ferroviaria, como marca la ley, y se han presentado
proyectos por valor de 100.000 millones de pesetas «cantidad
reducida en comparación con las previsiones de inversión del
Ministerio de Fomento en esta materia en la Península, por valor de
3'6 billones».
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