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Un total de 20 empresas de Balears se verán afectadas por el impuesto de grandes superficies sobre el que trabaja el departamento que dirige el vicepresident del Govern, Pere Sampol. Sin embargo, si el Parlament aprueba el mismo tributo que Catalunya, podrían llegar a pagar unos 1.078 millones de pesetas. La propuesta de Pere Sampol afectaría a una veintena de empresas registradas por el Govern que ocupan una superficie comercial de unos 375.000 metros cuadrados. Del total de metros, unos 250.000 están dedicados venta y el resto corresponde a almacenes.

El modelo que estudia aplicar el Govern balear es similar al de Catalunya, donde las grandes superficies pagan un impuesto de 2.900 pesetas por metro cuadrado, si bien se establece una serie de coeficientes correctores para aquellas empresas que ocupen menos superficie horizontal. Entre las empresas que deberán pagar este tributo si finalmente llega a aplicarse están los supermercados Mercadona, Caprabo, Syp e Hiper Manacor. Estas empresas se verían afectadas ya que la Ley de Comercio de Balears considera gran establecimiento comercial a aquellas empresas que, además de ocupar un determinado número de metros, emplean a más de 250 trabajadores o tienen unos ingresos superiores a 6.640 millones de pesetas (40 millones de euros).

También deberían pagarlo las grandes empresas comerciales tradicionales como Alcampo, Carrefour, Leroy-Merlin, El Corte Inglés, Gigante, Conforama o Ikea, entre otros. En estos momentos, el impuesto está todavía en fase de estudio y, a la vista del complicado periodo de sesiones que se presenta, parece poco probable que pueda aprobarse para entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2002. Tanto Vicepresidència del Govern como la Conselleria d'Hisenda ni siquiera han comenzado los trámites para poner en marcha el nuevo tributo.

Además, la medida debe ser aprobada en el Parlament y, por lo tanto, es preciso negociar este tributo con Unió Mallorquina. Los representantes nacionalistas no se han pronunciado oficialmente sobre esta propuesta del Govern. A pesar de que han evitado el pronunciamiento oficial, ya se conoce que, extraoficialmente, los representantes de UM no están por la labor de aprobar un nuevo impuesto, sobre todo después de haber dado su apoyo a la ecotasa a pesar de que no estaba incluida en el programa pactado por los firmantes del Pacte de Progrés.