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Balears todavía no dispone de un plan coordinado para atender a las víctimas de delitos sexuales. Pese a los intentos liderados por el Institut Balear de la Dona y por los médicos de Ginecología de Son Dureta, no se ha podido firmar un protocolo de obligado cumplimiento que involucre a todas las partes implicadas en la atención a los afectados por estas agresiones, es decir, para cubrir todos los aspectos médicos, policiales, judiciales y sociales. Los facultativos de Son Dureta denuncian que las personas, generalmente mujeres, que han sido violadas pueden tener problemas legales, incluso de invalidación de pruebas judiciales, porque los médicos forenses no se desplazan al centro sanitario para reconocer a las víctimas.

De esta forma, las muestras biológicas de interés legal tienen que ser todavía hoy trasladadas desde el hospital a los Juzgados mediante un sistema de mensajería, según confirman los ginecólogos de Son Dureta. Desde que los ginecólogos denunciaran esta situación (el pasado mes de abril), la comisión que integra a todas las partes sólo se ha reunido una vez. La novedad más importante es un documento acordado por la junta de jueces, según el cual los médicos forenses solamente se desplazarán a Son Dureta en casos de «especial gravedad» o cuando la violación haya afectado a menores de edad.

El aspecto más conflictivo referido al traslado de las muestras y la propuesta que se planteó en la reunión de junio no se ha podido materializar en un documento escrito y firmado. Desde el punto de vista legal, es indispensable que estas pruebas sean custodiadas por fuerzas de seguridad o por representantes de instancias judiciales. La alternativa es que durante el día, una agente del Juzgado en funciones de guardia se traslade a Son Dureta para recoger este material y, durante la noche, que sean los agentes del Cuerpo Nacional de Policía los que se encargen de esta faena, con el fin de salvaguardar en todo momento la garantía jurídica de las pruebas periciales.

Estas muestras biológicas son restos de pelo, uñas, piel u otros que puedan haber quedado en el cuerpo de la mujer y que cuando se celebre el juicio, puedan inculpar al asesor. Tanto el Institut de la Dona como los médicos del Hospital de Son Dureta defienden que el protocolo se firme al más alto nivel, es decir, por parte de los jefes de la Conselleria de Sanitat i Consum y el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), Delegación del Gobierno, para coordinar todas las fuerzas de seguridad, los jefes de las policías locales y las instancias judiciales, para conseguir que el acuerdo sea de obligado cumplimiento para todos los implicados.