Redacción Local13/08/01 0:00
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La Delegación del Gobierno central en las Islas ha dictado 988 órdenes de expulsión y de retorno de extranjeros entre los años 1999 y 2000, según datos facilitados por la institución. Exactamente, las órdenes de expulsión dictadas durante los ejercicios antes citados por la Delegación de Gobierno fue de 812. En concreto, el año pasado se van a redactar 187 órdenes de expulsión de extranjeros que sólo pueden ser expulsados del Estado Español si no son ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea ya que desde el ingreso en ella España tiene que acoger a todos los ciudadanos de los Estados miembros.

En el año anterior, correspondiente a 1999, la institución dictó orden de expulsión contra 631 extranjeros. Estos y los 187 del año pasado hacen el total de 812 anteriormente citado. Así las cosas, y si analizamos la evolución de un ejercicio a otro, se puede observar que durante el 2000 se ejecutaron 444 órdenes de expulsión menos que durante 1999. De hecho, este descenso equivale a una caída en lo que se refiere a órdenes de expulsión de un año a otro del 70'36 por ciento.

Se ha de señalar, en este sentido, que la Delegación de Gobierno actualiza las cifras al final de cada ejercicio, por lo que aún se desconocen las cifras de expulsiones y retornos correspondientes a este año. Según el sindicato Comisiones Obreras en seis semanas han registrado 200 extranjeros que han quedado fuera del último proceso de regularización que concluyó el pasado mes de julio. En lo que se refiere a los retornos dictados durante los dos ejercicios anteriores al 2001, la Delegación de Gobierno va a dictar 170. Exactamente 117 fueron resueltos el año pasado y 53 más durante el año 1999.

La evolución de las órdenes de retorno va a ser muy distinta a las de expulsión y, al contrario que estas, se van a incrementar un 53 por ciento en tan sólo un año. De hecho, esta evolución representa un incremento porcentual de algo más de un 120 por ciento de un ejercicio a otro. El Gobierno central anunció hace unos días que introducirá las modificaciones legales necesarias para poder realizar juicios rápidos que también se podrán aplicar a los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos. De esta forma, considera el Ejecutivo central, se evita que los extranjeros que hayan cometido algún delito se queden en libertad en nuestro país en espera de juicio y que vuelvan a cometer algún acto delictivo.