Los propietarios de las explotaciones donde se ha detectado un caso
de «vaca loca» no tendrán que sacrificar a todas las reses de su
cabaña si no lo desean tras el dictamen de la Unión Europea en el
que se señala que a partir de 1 de julio se podrá optar por los
sacrificios masivos o selectivos, según consta en los documentos en
poder de Gabriel Company, secretario general de Asaja-Balears. De
esta forma, el propietario de la explotación Can Francina de
Campos, finca donde se detectó el único caso mallorquín de
encefalopatía espongiforme, podrá escoger entre sacrificar a las
300 reses que forman su rebaño, (sacrificio masivo), y cobrar las
ayudas correspondientes o sacrificar sólo a los descendientes del
animal afectado y a aquellos que se encontraban en la explotación
una año antes y otro después de que naciera.
Esta posibilidad de escoger, sin embargo, según Company, deberá
contar con el visto bueno de la conselleria ya que la Comisión
comunitaria establece que se podrá optar por una u otra medida,
«según las condiciones de los focos localizados». Company calificó
la noticia de «extraordinaria» y recordó que su asociación, Asaja,
trasladó esta petición al Ministerio de Agricultura y Pesca y que
este departamento, a su vez, la llevó a Bruselas a través de una
petición oficial, «de revisión de la normativa de sacrificio de las
explotaciones afectadas». De esta forma, los representantes del
MAPA pidieron ante el Comité Veterinario Permanente que se zanjara
«cuanto antes» esta cuestión.
El propio conseller d'Agricultura i Pesca del Govern balear,
Mateu Morro, defendió esta tesis y aseguró que «no existe» ningún
fundamento científico y sanitario que avale el sacrificio masivo de
las explotaciones afectadas. El conseller, en este sentido, aseguró
que dilataría el sacrificio de las explotaciones afectadas, (la
citada Can Francina y la de sa Torreta Saura de Menorca, con 45
reses), en previsión del cambio de normativa que se ha confirmado
en estos días.
En la misma reunión, la Unión Europea acordó prorrogar la
prohibición de alimentar a las reses con harinas animales y decidió
unificar en 30 meses la edad obligatoria para hacer los test
priónicos ya que, según las diferentes comunidades, estas pruebas
se realizan a los 24 o a los 30 meses. Por último el Ministerio del
ramo se ha comprometido, según asegura Company, a publicar «en
breve plazo» la orden que establece la reducción de módulos del
IRPF que Madrid prometió a los payeses de Balears para paliar los
efectos de la sequía.
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