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Antoni Villalonga Riudavets (es Mercadal, 1952) ha regresado al primer plano de la escena política por su nombramiento primero y dimisión después como director general de la empresa Bitel. Este menorquín, hecho a sí mismo, obtuvo el título de graduado social con el que montó un despacho de asesoría laboral en la calle Sant Joan de Ciutadella. Sus inquietudes políticas le llevaron primero a militar en UGT, donde conoció a uno de sus principales mentores, Belarmino Menéndez (asturiano que reorganizó el sindicato en Menorca a finales de los años setenta) y después ingresó en el PSOE. En las elecciones generales de 1982 fue nominado candidato al Senado, obteniendo el escaño por Menorca.

Reelegido en 1986, su carrera política terminó en 1989 cuando la dirección del PSOE menorquín, entonces controlada por el todopoderoso alcalde de Maó Borja Carreras-Moysi, lo vetó. Tirso Pons fue nombrado candidato al Senado, pero salió elegido el candidato del PP, Martín Escudero. Villalonga se fue distanciando del PSOE oficial, pero siempre mantuvo buenas relaciones con significados dirigentes y militantes como Valentí Valenciano, Antoni Tarabini y Joan March. Al mismo tiempo se introdujo en el mundo de los negocios, algunos de carácter inmobiliario. Su antigua amistad de infancia con Rafael Mir Allés, los privilegiados contactos que trabó con la Administración durante su etapa como senador, y la confianza que obtuvo de los empresarios del grupo Selec Balear le permitieron acceder a la gerencia de esta organización dedicada a la promoción del calzado.

Villalonga fue director-gerente del grupo Selec mientras Rafael Mir se dedicó a la gestión de otro grupo empresarial, Bloc Balear, que realizaba las mismas funciones para empresas de confección en piel. Durante la etapa 1990-98 mantuvieron una estrecha relación que confluyó en la creación de la empresa Estudios de Mercado y Opinión (EMO), domiciliada en la avenida Negrete de Ciutadella. Se convirtieron en asiduos del Parlament balear y gracias a una estrecha relación con el entonces presidente Gabriel Cañellas tuvieron acceso directo a la Conselleria de Industria, donde tramitaron numerosas subvenciones.