Los «okupas» recurrieron la decisión del juez que les obligó a dejar la propiedad

La Audiencia ratifica que la orden judicial de desalojo del antiguo Kasal Llibertari fue legal

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J. F. M.
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha decretado que la orden de desalojo de los «okupas» del antiguo Kasal Llibertari fue legal, según han confirmado fuentes próximas al caso. El tribunal que preside el juez Antonio Terrassa, presidente de la Audiencia, ha resuelto un recurso planteado por el abogado Carlos Portalo, que recurrió la orden de desalojo dictada por el magistrado Pedro Barceló.

El juez instruyó una denuncia del propietario de la antigua fábrica Coromina, en que le pedía que ordenara el desalojo de los jóvenes que habían ocupado ilegalmente esta propiedad. La fábrica llevaba muchos años cerrada y abandonada, y los «okupas» utilizaron esta propiedad para montar allí un centro cultural.

El juez aceptó la denuncia de los propietario y tras mantener varias reuniones con los representantes de los «okupas», les aconsejó que abandonaran la propiedad de una forma pacífica. Sin embargo, los jóvenes se negaron a abandonar el lugar por las buenas, ya que entendían que era un edificio especial, donde los adolescentes podían reunirse y celebrar allí actos de tipo cultural.

Los «okupas» no abandonaron la propiedad el día que les ordenó el juez. Una comisión judicial acudió un día a primera hora de la mañana a la antigua fábrica y se hizo cargo del lugar. Allí no había resistencia y por tanto se evitó que se produjeran escenas de violencia entre la policía y los «okupas».

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