El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha
decretado que la orden de desalojo de los «okupas» del antiguo
Kasal Llibertari fue legal, según han confirmado fuentes próximas
al caso. El tribunal que preside el juez Antonio Terrassa,
presidente de la Audiencia, ha resuelto un recurso planteado por el
abogado Carlos Portalo, que recurrió la orden de desalojo dictada
por el magistrado Pedro Barceló.
El juez instruyó una denuncia del propietario de la antigua
fábrica Coromina, en que le pedía que ordenara el desalojo de los
jóvenes que habían ocupado ilegalmente esta propiedad. La fábrica
llevaba muchos años cerrada y abandonada, y los «okupas» utilizaron
esta propiedad para montar allí un centro cultural.
El juez aceptó la denuncia de los propietario y tras mantener
varias reuniones con los representantes de los «okupas», les
aconsejó que abandonaran la propiedad de una forma pacífica. Sin
embargo, los jóvenes se negaron a abandonar el lugar por las
buenas, ya que entendían que era un edificio especial, donde los
adolescentes podían reunirse y celebrar allí actos de tipo
cultural.
Los «okupas» no abandonaron la propiedad el día que les ordenó
el juez. Una comisión judicial acudió un día a primera hora de la
mañana a la antigua fábrica y se hizo cargo del lugar. Allí no
había resistencia y por tanto se evitó que se produjeran escenas de
violencia entre la policía y los «okupas».
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