Filipinas urge a investigar la desaparición de 34 apostadores en peleas de gallos

«Una investigación exhaustiva debe continuar para averiguar quién está realmente implicado en esto y exigir responsabilidades a quien corresponda», afirmó la portavoz presidencial, Claire Castro, en una rueda de prensa.

El llamamiento de la oficina del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., se une a otros comunicados recientes por parte de las autoridades del país asiático en torno al polémico caso.

La portavoz de la Policía, Jean Fajardo, afirmó hace una semana que los investigadores «no perdonarán a nadie» si resulta estar implicado en las desapariciones, «no importa si se trata de civiles, funcionarios de alto nivel o incluso nuestros compañeros».

El caso de los 'sabungeros', como se conoce en Filipinas a los entusiastas de las peleas de gallos, se remonta a 2021.

En apenas un año desaparecieron al menos 34 personas relacionadas con la cría de estas aves y con las lucrativas apuestas en línea en torno a sus peleas, muy populares en Filipinas.

Estas apuestas, conocidas como e-sabong, crecieron a la par que el coronavirus, pero el entonces presidente Rodrigo Duterte las prohibió en 2022, entre acusaciones de amaño e inquietud por los problemas de adicción y deudas.

Familiares y activistas han denunciando desde hace años que los 'sabungeros' fueron secuestrados y asesinados fruto de rivalidades en un mundo que mueve millones de pesos filipinos, y han expresado repetidamente su frustración por la falta de progreso en la investigación por parte de las autoridades.

Unas desapariciones que el mes pasado volvieron a la actualidad, después de que un hombre identificado únicamente como Totoy afirmara en declaraciones a la cadena filipina GMA que los 34 hombres fueron asesinados y posteriormente arrojados al lago que rodea al volcán Taal.

«¿Cómo van a estar vivos, si fueron enterrados bajo el lago Taal?», señaló Totoy, identificado por GMA como uno de los investigados por las desapariciones, y afirmó que los asesinatos se produjeron con la implicación de miembros de la Policía. Unas acusaciones que sugieren la magnitud del problema en torno a este lucrativo y ahora ilegalizado negocio en línea: el Estado recaudó hasta 8.000 millones de pesos filipinos (152,23 millones de dólares o 144,42 millones de euros) en 2021.